El “Gato” se dice la “única alternativa”, pero reivindica a Anabela Lucero y arrastra el pasado de Alberto

Jorge “Gato” Fernández, primer candidato a diputado nacional del Frente Justicialista de San Luis, sigue recorriendo la provincia con un discurso opositor a Javier Milei y un eslogan repetido: “Somos la única alternativa para poner un freno a Milei”.
Sin embargo, detrás de ese relato se esconde el mismo aparato político que gobernó San Luis durante dos décadas bajo la conducción de Alberto Rodríguez Saá, de quien Fernández fue delfín político, asesor rentado y candidato a gobernador en 2023.

Durante su campaña, Fernández ha buscado recuperar viejas figuras del albertismo, incluso reivindicando públicamente a Anabela Lucero, la exdiputada provincial y directora del Molino Fénix, imputada en una causa por peculado y administración fraudulenta.

En recientes declaraciones, el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, la había presentado como una “víctima política”, y Fernández respaldó esa visión, calificando su caso como “una injusticia” y pidiendo “recuperar a los cuadros políticos comprometidos”.

“Hay compañeras que fueron perseguidas por servir a la gente. Tenemos que reivindicar a quienes fueron parte del modelo de inclusión”, expresó Fernández en un acto en Villa Mercedes, en referencia a Lucero.

El problema es que esa reivindicación vuelve a exponer la complicidad del círculo rodriguezsaaísta con funcionarios investigados por irregularidades en la gestión pública. La causa Molino Fénix involucra también a Joaquín Beltrán, actual diputado provincia, y otros exfuncionarios acusados de malversación de fondos y administración fraudulenta, con documentación secuestrada y dispositivos electrónicos peritados por la Fiscalía.

Sueldos, asesorías y contradicciones

Más allá de su retórica de “defensa de los trabajadores”, Fernández reconoció públicamente en 2023 que cobraba más de $1,100,000 por mes como asesor político del Gobierno provincial, con sueldo equivalente al de un ministro.

“Soy asesor del Gobierno, gano lo mismo que un ministro y, por supuesto, lo voy a seguir cobrando”, había declarado en una entrevista radial.

Tras su derrota electoral, fue designado asesor en el Senado de la Nación, bajo el ala del legislador Fernando Salino, otro histórico del albertismo alineado con el kirchnerismo nacional.

Es decir, mientras promete “poner freno a Milei”, Fernández sigue sostenido por los mismos privilegios estatales que caracterizaron al régimen de Alberto Rodríguez Saá (LA VERDADERA CASTA).

El relato y la realidad

En sus discursos, Fernández asegura que “la gente la está pasando mal por culpa del ajuste nacional”.

Pero evita hablar del deterioro institucional, el empleo público sobredimensionado y la precariedad provincial que dejó el modelo que él mismo integró.
El contraste es evidente: mientras denuncia el “ajuste de Milei”, fue parte de un sistema que gastó fortunas en asesorías, viajes, ministerios y fundaciones sin rendición clara.

“Nosotros representamos el trabajo y la justicia social”, repite Fernández, aunque su nombre sigue asociado al kirchnerismo provincial, a sueldos de privilegio y ahora a la defensa de funcionarios imputados.