CORRUPCIÓN
Condenaron por fraude al dirigente gráfico de San Luis: un histórico del adolfismo y aliado de Freixes
La caída de otro engranaje del viejo poder
La sentencia llegó desde Buenos Aires, pero su impacto retumbó con fuerza en San Luis. Faustino Eduardo Rosales, actual secretario general del Sindicato Gráfico provincial y un dirigente históricamente ligado al círculo íntimo del adolfismo, fue declarado culpable de administración fraudulenta junto a su par salteño Segundo Beltrán Rodríguez. Ambos recibieron un año y seis meses de prisión en suspenso, debieron reconocer los hechos en un juicio abreviado y quedaron sometidos al control del Patronato de Liberados por dos años, además de una donación obligatoria de 120 mil pesos cada uno.
No se trata de un sindicalista más. En los últimos veinte años, Rosales fue una pieza activa del engranaje político que rodeó al exgobernador Adolfo Rodríguez Saá y mantuvo vínculos directos con Sergio Freixes, el exministro de Legalidad que este sábado quedó preso tras la confirmación de su condena federal. En ambos casos, sus nombres aparecen asociados a maniobras de presión, desvío de fondos y estructuras paralelas de poder que operaron durante los años de hegemonía absoluta del rodriguezsaaísmo.
La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10, a cargo del juez Alejandro Noceti Achával, exhibe otro tramo de esa maquinaria y confirma un patrón: dirigentes que crecieron al amparo del poder provincial hoy enfrentan condenas por hechos cometidos mientras el control político sobre las instituciones era prácticamente total.
La maniobra: cheques duplicados, firmas falsificadas y una obra social sin control digital
La causa penal reconstruyó un mecanismo que funcionó entre 2014 o 2015 y enero de 2018. Rosales y Rodríguez, en su rol de presidente y vicepresidente de la Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines, ordenaron pagos con cheques a prestadores de salud en Chaco por prestaciones que ya habían sido canceladas. Aprovecharon una falla estructural: la falta de registro digital de los pagos en el sistema central, aunque las facturas originales sí estaban archivadas físicamente en esa delegación.
Con esa brecha, los dirigentes “revivieron” facturas antiguas, generaron nuevamente los pagos, firmaron los cheques, los endosaron con firmas falsificadas y los entregaron a terceros para ser cobrados. Actualizada, la suma supera los cuarenta mil dólares. El perjuicio económico quedó acreditado con comprobantes bancarios y capturas de pantalla que demostraron que las firmas detrás de los cobros habían sido adulteradas.
El testimonio de la empleada de tesorería María de los Ángeles Aguirre fue determinante: relató cómo Rosales intentó que emitiera cheques en blanco, cómo reclamó documentos con fechas alteradas y cómo, tras su negativa y renuncia, insistió en que “no iba a pasar nada”. Su declaración mostró el nivel de autonomía con el que operaban los dos dirigentes y la facilidad con la que movían fondos de una obra social sin controles internos eficaces.
Una estructura que empieza a desmoronarse
La condena tiene un peso político inevitable. Rosales formó parte de un ámbito sindical históricamente alineado con el poder provincial y su nombre circuló durante años entre operadores, punteros y articuladores del adolfismo. Su cercanía con Sergio Freixes —hoy preso tras dos décadas de investigaciones— y su rol en la obra social lo ubicaban dentro de un sector que se movía con libertad y protección política.
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Ese blindaje ya no existe. En menos de una semana, el rodriguezsaaísmo sumó una detención de alto impacto (Freixes) y una condena por fraude contra un dirigente que integró su constelación de poder. Ambos fallos se suman a un clima judicial que evidencia un cambio de época: el aparato que funcionó durante cuarenta años empieza a mostrar sus fracturas, no por decisiones políticas sino por resoluciones judiciales que llegan con veinte años de atraso, pero finalmente llegan.
El telón de fondo es el mismo: causas viejas, operadores históricos, estructuras que funcionaron sin controles y mecanismos de presión o manejo discrecional que hoy se ventilan en tribunales nacionales y provinciales. Rosales es otro engranaje que cae, y su condena no cierra un capítulo sino que abre un nuevo frente en una crisis que ya es política, judicial e institucional.
