El Presupuesto 2026 logró media sanción, pero cayó el capítulo que tocaba discapacidad y universidades

En una sesión extensa que marcó el debut del temario en extraordinarias, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Presupuesto 2026 que impulsa el Gobierno. El oficialismo y sus aliados lograron aprobarlo en general con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, y ahora el texto quedó en condiciones de pasar al Senado. 

El resultado, sin embargo, tuvo un giro que dejó una señal política fuerte: la oposición consiguió voltear el capítulo XI, donde estaba incluido el artículo 75, que buscaba derogar dos normas sensibles: la ley de emergencia en discapacidad y el esquema de financiamiento universitario. Ese revés obligó al oficialismo a seguir adelante con el Presupuesto, pero sin el tramo que pretendía modificar ese marco legal. 

El capítulo cuestionado concentró la mayor parte de las críticas durante el debate y tensó las negociaciones hasta el final. En ese contexto, el oficialismo intentó ordenar la votación “en particular” por títulos completos —un mecanismo que agrupa artículos—, con el objetivo de evitar fugas en los puntos más polémicos. Aun así, no consiguió sostener el texto del capítulo XI.

La defensa del proyecto estuvo encabezada, en el arranque, por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch. En su exposición, vinculó la meta de reducción de impuestos con la necesidad de bajar el gasto público y sostuvo que el equilibrio fiscal es el eje del programa económico del Gobierno.

Más allá del capítulo que quedó afuera, el proyecto aprobado en general traza las principales pautas macro para el año próximo: crecimiento del 5%, superávit del 1,5%, una proyección de inflación anual de 10,4% y un tipo de cambio estimado en $1.423 a diciembre de 2026, además de un esquema de gastos donde el oficialismo afirma que una porción mayoritaria se orienta a partidas sociales. 

Con media sanción en la Cámara baja, el foco se traslada ahora al Senado, donde el Gobierno buscará sostener la columna vertebral del Presupuesto y, al mismo tiempo, evaluar cómo reencauza —o abandona— el intento de reabrir por esa vía el debate sobre discapacidad y universidades, dos temas que ya mostraron capacidad de bloqueo parlamentario.