San Luis busca enviar a destrucción las armas secuestradas tras condena firme

San Luis dio un paso para ordenar un tema sensible: qué destino tienen las armas de fuego secuestradas en procedimientos policiales una vez que las causas judiciales quedan cerradas. En los últimos días de diciembre, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, visitó el Banco Nacional de Materiales Controlados (Banmac), dependiente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y remarcó la necesidad de avanzar en un acuerdo que permita enviar a destrucción las armas incautadas cuya situación judicial ya tenga condena firme.

Durante la recorrida, Sosa se reunió con el coordinador del Banco Nacional de Armas de la ANMaC, Sergio Sarlo, para conocer el procedimiento de inutilización y destrucción que se aplica sobre armas de fuego, municiones y explosivos secuestrados o entregados voluntariamente en distintos puntos del país. La ministra recorrió el depósito y el centro donde se realiza el proceso, con el objetivo de interiorizarse sobre los mecanismos de trabajo y articulación con las provincias.

La funcionaria estuvo acompañada por el director general de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de San Luis, Carlos Salinas, y el asesor legal del Ministerio de Seguridad, Jesús Velázquez, quienes también participaron de la instancia técnica vinculada a la coordinación interjurisdiccional para el traslado y la disposición final del material.

Sosa explicó que el circuito de seguridad comienza con la inutilización del arma dentro del banco, continúa con el embalaje en cajones especiales y culmina con el envío a una empresa que realiza la destrucción total, con posterior reutilización del material según las características del acero. El punto, subrayó, es asegurar que cada arma que ingrese al sistema quede definitivamente fuera de circulación.

En ese marco, la ministra señaló como un dato que le fue planteado durante la visita que solo dos provincias nunca habían enviado armas secuestradas a destrucción: Formosa y San Luis. La observación, explicó, se vincula con el universo de armas incautadas por la Policía, puestas a disposición de la Justicia y que, una vez realizadas las pericias, suelen quedar almacenadas en depósitos provinciales. “Esto no es bueno, porque esas armas pueden desaparecer, ser robadas o terminar siendo utilizadas en hechos violentos o en el mercado ilegal”, advirtió.

La visita se apoyó en un antecedente normativo reciente: en noviembre de 2025, San Luis aprobó una ley provincial que establece la destrucción o reutilización con fines de interés público de armas secuestradas o decomisadas por orden judicial o administrativa, en línea con la Ley Nacional N° 25.938. La norma designa al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación y lo responsabiliza por la trazabilidad, el control y la coordinación con organismos nacionales.

Con esa herramienta, el objetivo inmediato es avanzar en la firma de un convenio con el Poder Judicial para disponer de las armas que están en depósitos y cuyos expedientes ya concluyeron. Según lo explicado, el esquema prevé que personal del Banco Nacional de Armas se traslade a la provincia, retire el material bajo custodia policial y acompañe el procedimiento hasta la destrucción final.

El mensaje oficial apunta a cerrar un circuito que, en materia de seguridad, es tan relevante como el secuestro: garantizar que las armas incautadas no vuelvan a entrar en circulación. “Esto le da transparencia a todo el proceso, desde el secuestro hasta la disposición final”, sostuvo Sosa, y remarcó que la articulación con el Banmac aparece como una vía concreta para consolidar una política de control y prevención.