El imputado por el ataque a una nena pidió cambio de pabellón por conflictos en el penal

En una audiencia realizada a comienzos de esta semana en el Juzgado de Garantía N°2 de la Tercera Circunscripción Judicial, la Justicia analizó una medida de amparo presentada por Diego Domingo Ponce, detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Pampa de las Salinas.

El imputado —acusado de robo calificado por el uso de arma y homicidio criminis causa en grado de tentativa, en concurso real— pidió al juez Jorge Osvaldo Pinto un cambio de pabellón con el argumento de “resguardar su integridad física y psíquica”. Según expuso, atraviesa una convivencia “muy conflictiva” con otros internos dentro del penal.

Durante la audiencia, su defensor, José Francisco Pérez, planteó como alternativa un eventual traslado al pabellón destinado a condenados por delitos federales. El pedido se enmarcó en la necesidad, señaló la defensa, de garantizar condiciones de seguridad y tratamiento para el detenido.

Tras escuchar la presentación, el juez Pinto dispuso la continuidad del abordaje psicológico y psiquiátrico que ya viene realizando el equipo profesional del centro penitenciario. Además, ordenó que la institución carcelaria “arbitre las medidas pertinentes para resguardar su integridad psicofísica”, sin precisar en esta instancia una reubicación concreta.

Ponce permanece con prisión preventiva por un hecho ocurrido el 20 de enero en una vivienda rural camino a Los Peros, en cercanías de Santa Rosa del Conlara, donde una nena de 10 años resultó herida. De acuerdo con la investigación, la menor fue trasladada de urgencia por lesiones graves y luego derivada a un centro asistencial de la provincia de Córdoba, donde fue intervenida quirúrgicamente.

El caso también volvió a poner el foco en una resolución judicial previa: en octubre del año pasado, la jueza de Ejecución Penal N°1, Nora Villegas, le había otorgado al imputado el beneficio de libertad condicional mientras cumplía una condena por un crimen cometido en 2022.

En la audiencia del lunes, el Ministerio Público Fiscal no participó. El imputado, en tanto, estuvo presente de manera remota desde el Complejo Penitenciario, en el marco de un trámite centrado en sus condiciones de alojamiento y resguardo dentro de la unidad.

La decisión judicial deja, por ahora, un mandato claro al Servicio Penitenciario: garantizar el cuidado psicofísico del detenido mientras se evalúa la viabilidad de eventuales cambios de pabellón y se sostienen las intervenciones terapéuticas indicadas.