sábado 10 de octubre de 2026

Justicia

Prorrogaron por 90 días las detenciones en una causa por secuestro y robo

Un juez de Garantía extendió por tres meses las medidas de coerción para cinco imputados por un hecho ocurrido en julio de 2025. En la audiencia, la Fiscalía sostuvo que persisten riesgos para la víctima y la defensa pidió morigeraciones. Uno de los acusados pasó a prisión domiciliaria.
Prorrogaron las medidas de coerción para 5 imputados por un presunto secuestro, robo y tentativa de abuso
Prorrogaron las medidas de coerción para 5 imputados por un presunto secuestro, robo y tentativa de abuso

El juez subrogante del Juzgado de Garantía N°4, Juan Manuel Montiveros Chada, prorrogó por 90 días las medidas de coerción que pesan sobre cinco imputados en una causa que investiga un presunto secuestro, robo y tentativa de abuso sexual ocurrido en julio del año pasado. La resolución se tomó durante una audiencia solicitada por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°4, representada por la fiscal adjunta Antonella Romagnoli.

La decisión alcanzó a Jorge Salama Mercau, Zaira Alexia Guzmán, Héctor Cuello, Matías Manrique y Jonathan Mocdese. En paralelo, el magistrado dispuso un cambio de modalidad para uno de ellos: Salama Mercau continuará bajo coerción, pero desde ahora en prisión domiciliaria.

Durante la audiencia, la Fiscalía recordó que la formulación de cargos se realizó el 11 de julio de 2025 y remarcó que se trata de una investigación compleja por la cantidad de personas involucradas. En total, la causa tiene ocho imputados: además de los cinco que cumplen medidas restrictivas, también están acusados Gustavo Fernando Sombra, Rosa Laura Giménez Villegas y Milagro Jazmín Quiroga Alaniz, con medidas menos gravosas mientras avanzan las diligencias.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los hechos habrían ocurrido el 8 de julio, cuando un grupo se presentó en el domicilio de la víctima —un hombre mayor de edad— en calle Colón. Tras una discusión, lo habrían trasladado por la fuerza en una camioneta. La víctima denunció agresiones y amenazas durante el trayecto.

Siempre de acuerdo con la reconstrucción fiscal, luego fue llevado a una vivienda ubicada en calle Ejército de los Andes, donde se habrían reiterado las intimidaciones y los ataques. En ese contexto, la causa también incorpora un presunto intento de abuso sexual y el faltante de pertenencias personales. La víctima logró escapar y pidió ayuda en un comercio cercano, desde donde se dio aviso a las autoridades.

Las defensas cuestionaron el plazo requerido por la Fiscalía, lo consideraron excesivo y señalaron que no se detallaron con precisión las medidas investigativas pendientes. También plantearon situaciones personales y de salud para solicitar el cese o la morigeración de las restricciones.

El defensor de Matías Manrique, Jorge Sosa, se opuso a la prórroga y mencionó el impacto del encierro en el estado de salud de su asistido. La defensora oficial Nadia Agúndez, en representación de Héctor Cuello, objetó la extensión por entender insuficientes los fundamentos para sostener la prisión preventiva. En tanto, Stefanía Cifuentes Quiroga, defensora de Jonathan Mocdese, pidió la libertad o, de manera subsidiaria, prisión domiciliaria, y solicitó que pueda iniciar un tratamiento por consumo problemático en el Centro Provincial de Prevención y Atención de las Adicciones (CPAA).

También pidieron morigeraciones la defensa de Zaira Alexia Guzmán y el abogado de Jorge Salama Mercau, que propuso la modalidad domiciliaria por razones familiares y de cuidado de hijos menores.

Al resolver, Montiveros Chada consideró que subsisten riesgos para la víctima y que corresponde mantener medidas de coerción, aunque evaluó como excesivo el plazo solicitado por la Fiscalía. Por eso fijó una prórroga de 90 días y dispuso: prisión domiciliaria para Matías Manrique, Jonathan Mocdese y Zaira Alexia Guzmán; prisión preventiva para Héctor Cuello; y prisión domiciliaria para Jorge Salama Mercau, que antes estaba bajo otra modalidad.

Además, autorizó que Mocdese sea trasladado al CPAA para la entrevista de admisión, con miras a iniciar un tratamiento. El juez ordenó también que los plazos comiencen a correr de manera uniforme desde el día de la audiencia.

La investigación seguirá bajo la órbita de la Fiscalía, con imputados en diferentes regímenes de coerción, mientras se completan las medidas pendientes para definir el avance del caso hacia una instancia de acusación y eventual juicio.