La eutanasia sigue prohibida en la Argentina, pero el Congreso ya discute proyectos para regularla

La muerte de Noelia Castillo Ramos en España reactivó en la Argentina una discusión que cada tanto vuelve con fuerza, pero que todavía no logró traducción legislativa: la posibilidad de regular la eutanasia. Hoy, el ordenamiento jurídico argentino no la permite. Lo que sí reconoce es el derecho del paciente a rechazar tratamientos o medidas de soporte vital en casos de enfermedad irreversible, incurable o terminal, dentro del régimen de muerte digna.

Ese marco legal está dado por la Ley 26.742, que modificó la Ley de Derechos del Paciente. La norma habilita a aceptar o rechazar procedimientos quirúrgicos, hidratación, alimentación, reanimación artificial o retiro de soporte vital cuando esas prácticas resulten extraordinarias, desproporcionadas o impliquen un sufrimiento desmesurado. Pero no autoriza a un profesional a provocar deliberadamente la muerte mediante una sustancia letal, que es justamente lo que caracteriza a la eutanasia.

Por eso, en la Argentina la discusión no pasa hoy por una práctica legal ya vigente, sino por proyectos que buscan cambiar el marco normativo. En Diputados aparece, por ejemplo, el expediente 6431-D-2025, que propone regular la eutanasia y la muerte asistida mediante cambios al Código Penal. También figura el 6512-D-2025, con un objeto similar, y el 6638-D-2025, orientado a crear un régimen de regulación de la eutanasia.

En el Senado, en tanto, existe al menos una iniciativa de peso reciente: el expediente 1870/25, presentado por la senadora Silvina García Larraburu, que propone crear un régimen para la regulación de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido. A eso se suma un antecedente previo impulsado por Mariana Juri y Rodolfo Suárez bajo la denominación de “buena muerte”, registrado en el listado de proyectos de la Cámara alta.

Los textos presentados comparten un punto central: definen la eutanasia como la administración directa de una sustancia para causar la muerte a pedido expreso del paciente, y distinguen esa práctica del suicidio asistido, donde el profesional provee la medicación para que sea la propia persona quien la autoadministre. En todos los casos, las iniciativas plantean requisitos estrictos, controles médicos y mecanismos de revisión.

El problema, por ahora, no es solo jurídico sino político. Los proyectos existen, pero no aparece todavía un consenso suficiente para llevar el tema a una discusión de fondo en el recinto. La experiencia argentina en debates sensibles muestra que estas discusiones suelen madurar lentamente, atravesadas por objeciones éticas, religiosas, médicas y culturales.

En ese escenario, la diferencia entre muerte digna y eutanasia sigue siendo la clave para entender el estado actual del debate. La primera ya está reconocida por la ley argentina como una expresión de la autonomía del paciente frente a tratamientos invasivos o inútiles. La segunda continúa prohibida y solo existe, por ahora, como objeto de proyectos parlamentarios que buscan abrir una regulación específica.

Así, el caso español volvió a poner en primer plano una pregunta que en la Argentina sigue sin respuesta legislativa definitiva: hasta dónde puede llegar el derecho a decidir sobre el propio final. El Congreso ya tiene iniciativas sobre la mesa. Lo que todavía no tiene es el acuerdo político para transformarlas en ley.