Caputo defendió los créditos del Banco Nación a funcionarios y negó irregularidades

Luis Caputo salió este fin de semana a responder una de las polémicas que más ruido generó en el oficialismo en los últimos días: la difusión de créditos hipotecarios del Banco Nación tomados por funcionarios y legisladores vinculados a La Libertad Avanza. El ministro de Economía negó de plano que exista una irregularidad y sostuvo que no hubo “nada ilegal ni inmoral” en esas operaciones.

Lejos de tomar distancia, Caputo asumió el tema como propio. En declaraciones televisivas, afirmó que varios de esos préstamos fueron gestionados por recomendación suya, bajo la idea de que el crédito hipotecario representa una oportunidad para acceder a la vivienda y, al mismo tiempo, un motor de reactivación económica. En esa línea, defendió que cualquier persona que reúna las condiciones debería aprovechar esa herramienta financiera.

Entre los nombres que quedaron bajo observación pública aparecen Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Caputo, con una deuda inicial de $373 millones; y Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, con un crédito de $367,059 millones. También trascendieron otros casos de funcionarios y legisladores oficialistas con préstamos de montos elevados, lo que alimentó cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones sobre el mecanismo de otorgamiento.

Caputo insistió en que todos los préstamos fueron otorgados con las mismas tasas, plazos y requisitos que rigen para cualquier ciudadano. Incluso remarcó que Furiase tramitó su crédito en una sucursal “como un ciudadano común” y subrayó que los funcionarios cobran sus haberes en el Banco Nación, por lo que resulta lógico que recurran a esa entidad para gestionar un préstamo personal o hipotecario.

Esa defensa coincide con la postura oficial del propio Banco Nación. La entidad sostuvo que el proceso de acceso a la línea hipotecaria es homogéneo, sin excepciones ni condiciones especiales para funcionarios públicos, y señaló que el programa “+ Hogares con BNA” ya superó los 27.000 créditos otorgados en todo el país. También destacó que más del 95% de los empleados públicos nacionales que cobran sueldo pueden elegir libremente su banco y que la línea está abierta a trabajadores en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas.

De todos modos, la controversia política no se apagó. Sectores de la oposición ya presentaron pedidos de informes y denuncias para determinar si hubo trato privilegiado o eventuales incompatibilidades en el otorgamiento de préstamos de hasta casi $400 millones a funcionarios de alto rango y legisladores oficialistas. Por ahora, el eje de la discusión no está en la existencia de la línea crediticia, sino en la oportunidad, el volumen y la razonabilidad política de esos beneficios en un contexto económico todavía muy exigente para gran parte de la sociedad.

Con su defensa pública, Caputo buscó cerrar el frente antes de que escale. Pero el episodio dejó expuesto un punto sensible para el Gobierno: aun cuando el mecanismo sea legal y formalmente abierto, el acceso de funcionarios a créditos millonarios en un banco estatal puede transformarse en un problema político difícil de desactivar.