Poggi presentó la reforma constitucional y activó una reserva por la coparticipación

El gobernador Claudio Poggi encabezó este jueves una reunión de gabinete en la que presentó los principales lineamientos del proyecto de ley para impulsar una reforma parcial de la Constitución provincial y, al mismo tiempo, informó una medida preventiva frente al deterioro de los ingresos fiscales. Según la información oficial, la iniciativa será remitida a la Legislatura para su tratamiento, en línea con lo que el mandatario ya había anticipado el 1° de abril ante la Asamblea Legislativa.

La propuesta apunta a actualizar aspectos institucionales de la Carta Magna de San Luis, a 40 años de la última reforma integral. De acuerdo con lo explicado por el vicegobernador Ricardo Endeiza, el proyecto parte de la premisa de que la Constitución vigente fue una buena base, pero requiere retoques parciales para fortalecer la institucionalidad, limitar personalismos y adaptarse a los cambios de época.

Uno de los puntos centrales es el tope a la reelección del gobernador. La iniciativa plantea que una misma persona pueda ejercer como máximo dos mandatos en toda su vida, y que el actual período de Poggi, 2023-2027, sea computado como el primero. Si la ley que declara la necesidad de la reforma obtiene los dos tercios del total de miembros de cada Cámara, la elección de convencionales constituyentes se realizaría en 2027 junto con los comicios provinciales.

El proyecto también propone ampliar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, que pasaría a extenderse del 15 de marzo al 31 de diciembre. A eso se suma la idea de unificar cada cuatro años la elección de diputados y senadores provinciales con la fórmula de gobernador y vicegobernador, en una señal orientada a ordenar el calendario institucional y darle mayor continuidad al funcionamiento de los poderes del Estado.

Otro de los ejes de la reforma se concentra en la organización judicial. El texto prevé separar del Poder Judicial tanto al Ministerio Público de la Defensa como al Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de otorgarles autonomía y reforzar la independencia de esos estamentos. En paralelo, incorpora temas vinculados a la modernidad, como la protección de datos personales, el habeas data y el acceso a la información frente al avance de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial.

La exposición técnica del proyecto contó con el asesoramiento del abogado Cristian Altavilla, presentado oficialmente como uno de los especialistas que colaboró en la formulación de la iniciativa. El Gobierno provincial encuadró esa participación como parte de un trabajo orientado a aggiornar el texto constitucional sin avanzar sobre una reforma integral.

En la misma reunión, Poggi abordó además la situación financiera de la provincia. Según informó la directora de Presupuestos Públicos, Mónica Biancotti, la coparticipación federal registró durante el primer trimestre del año una caída promedio del 7,3%, en un contexto que el Ejecutivo calificó como crítico. Frente a ese escenario, el Gobierno resolvió conformar una reserva de emergencia equivalente al 8% de los saldos presupuestarios.

De acuerdo con la explicación oficial, ese fondo no afectará salarios de la administración central, áreas descentralizadas como las escuelas, el Plan de Inclusión ni la inversión en obra pública, con especial resguardo de la política habitacional. La decisión, según planteó la Provincia, busca anticiparse a posibles desequilibrios en medio de una baja persistente de recursos nacionales.

Con esta doble definición, el Gobierno de San Luis buscó mostrar una agenda que combina reformas institucionales de mediano plazo con medidas de contención fiscal en lo inmediato. El próximo paso estará en la Legislatura, donde se abrirá el debate político sobre el alcance de la reforma, mientras la evolución de la coparticipación seguirá marcando el pulso de las cuentas públicas provinciales.