Una víctima de violencia de género debió contratar seguridad privada en Naschel

Una mujer víctima de violencia de género y su hija menor de edad debieron quedar bajo protección de seguridad privada durante las 24 horas en su vivienda de Naschel, ante la continuidad de amenazas, hostigamientos y ataques atribuidos a su expareja y a un grupo de allegados.

La decisión fue informada públicamente por el abogado Esteban Bustos, quien aseguró que la familia atraviesa desde 2020 una situación de extrema gravedad y reclamó medidas judiciales urgentes para resguardar a ambas.

Según explicó el letrado, el principal acusado es la expareja de la mujer, denunciado en reiteradas oportunidades por agresiones físicas, amenazas y el incumplimiento de restricciones de acercamiento.

“Ha cometido todo tipo de vejámenes y tiene intenciones de matarla”, sostuvo Bustos al describir el nivel de riesgo que, según la representación legal, enfrenta la víctima.

La mujer reside junto con su hija en una casa ubicada en Naschel, departamento Chacabuco. Allí se instaló una custodia privada permanente, que se suma a las recorridas preventivas realizadas por personal policial.

El abogado explicó que la medida fue adoptada luego de que los mecanismos de protección anteriores resultaran insuficientes. De acuerdo con su relato, las restricciones judiciales fueron vulneradas en distintas oportunidades y las agresiones continuaron pese a las denuncias realizadas.

Una sucesión de ataques desde 2020

La primera denuncia habría sido presentada en 2020, cuando la mujer expuso ante la Justicia una serie de episodios de violencia sufridos durante la relación.

En 2024, pese a la vigencia de medidas de prohibición de acercamiento, el acusado habría ingresado nuevamente a la vivienda y atacado físicamente a la víctima.

Según detalló el abogado, la mujer fue golpeada y arrastrada del cabello dentro de la casa. Durante 2026 se sumaron nuevas presentaciones judiciales por situaciones que involucraron tanto a la madre como a su hija.

El episodio más grave, siempre según la denuncia, ocurrió cuando el presunto agresor ingresó por la fuerza a la vivienda acompañado por otras personas.

El grupo habría violentado la puerta, golpeado y sometido a la mujer a graves agresiones antes de obligarla a abandonar la propiedad junto con su hija.

El abogado afirmó que las lesiones fueron documentadas e incorporadas a las actuaciones judiciales. También aseguró que los atacantes habrían actuado con intenciones homicidas.

Por orden de la Justicia, la mujer y la menor pudieron regresar posteriormente a su domicilio. Sin embargo, la familia sostiene que los episodios de persecución e intimidación no se detuvieron.

Reclaman medidas urgentes

La defensa cuestionó que, pese a la cantidad de denuncias y a la gravedad de los hechos relatados, hasta el momento no haya personas detenidas.

“No hay imputación y, por ende, no hay detenidos”, señaló el abogado en declaraciones radiales.

La situación mantiene en alerta al entorno de las víctimas, que espera una respuesta judicial capaz de garantizar su seguridad y evitar nuevos ataques.

Mientras continúa la investigación, la custodia privada permanecerá en la vivienda como una medida excepcional frente al riesgo denunciado. El caso vuelve a exponer las dificultades para hacer efectivas las restricciones de acercamiento y proteger a las víctimas cuando las amenazas persisten.