Islas Malvinas
Avanza la explotación petrolera ilegal en Malvinas pese al reclamo de soberanía de la Argentina
La explotación petrolera frente a las Islas Malvinas avanza hacia una nueva etapa. Navitas Petroleum, la compañía israelí que participa del proyecto Sea Lion junto con la británica Rockhopper Exploration, incorporó una segunda plataforma flotante para apuntalar el desarrollo del yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.
La petrolera destinó US$125 millones a la adquisición de la unidad OSX-1, que se sumará a la Aoka Mizu. Con ambas plataformas, el proyecto contempla elevar progresivamente la producción prevista, que podría alcanzar los 180.000 barriles diarios hacia el final de la década.
El avance no se limita a las instalaciones offshore. En las islas ya comenzaron trabajos vinculados con la ampliación de la infraestructura portuaria, además de obras destinadas a alojar y trasladar a unas 260 personas que participarían de las distintas etapas del proyecto petrolero.
La ampliación del puerto contempla estructuras que llegarían desde China a mediados de 2027. También están previstas instalaciones de alojamiento, un complejo hotelero y un helipuerto, como parte de la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera.
El proyecto representa además una transformación económica para las islas. La inversión estimada alcanza los US$2.100 millones y las autoridades locales esperan importantes ingresos derivados de regalías, impuestos y permisos. El desarrollo también generó expectativas por la llegada de trabajadores especializados y llevó al gobierno isleño a revisar su política de residencia.
La iniciativa es impulsada por Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Ambas compañías fueron sancionadas e inhabilitadas por la Argentina por sus actividades vinculadas con la exploración de hidrocarburos en áreas marítimas cuya soberanía reclama el país.
Desde Buenos Aires, la posición oficial ha sido de rechazo. La Cancillería sostiene que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en las áreas sujetas a la disputa de soberanía resultan contrarias al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas.
El Gobierno argentino ya había advertido que las empresas involucradas en estas actividades podían quedar expuestas a sanciones, restricciones operativas e inhabilitaciones. Sin embargo, el proyecto continuó avanzando con el respaldo de las autoridades británicas y del gobierno de las islas.
La cuestión también generó cuestionamientos políticos dentro de la Argentina. Sectores de la oposición reclamaron al Gobierno nacional una postura más activa frente al desarrollo petrolero, mientras que desde Tierra del Fuego se pidieron explicaciones sobre las medidas adoptadas para defender los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
Por ahora, nada indica que el proyecto Sea Lion vaya a detenerse. La incorporación de nuevas plataformas y el avance de las obras de infraestructura muestran que la explotación petrolera dejó atrás la etapa de planificación y comienza a consolidarse como una actividad de gran impacto económico y geopolítico en las islas.
