La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto

La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el tramo del Decreto 759/2025 que había condicionado la ejecución de la norma sancionada por el Congreso. La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a partir de los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El fallo alcanza al conjunto de la Ley 27.795, que establece medidas vinculadas con el financiamiento de las universidades públicas, la actualización de los salarios de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y distintos programas destinados al sistema universitario. La resolución representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales por la aplicación de la norma.

Qué cuestionó el juez

Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la ley a la determinación de las fuentes específicas de financiamiento. Según el magistrado, esa disposición permitió suspender los efectos de una ley que había sido sancionada por el Congreso y posteriormente ratificada por ambas cámaras tras el veto presidencial.

En su resolución, el juez sostuvo que el decreto no supera un estándar mínimo de razonabilidad y consideró que, en sus efectos concretos, había funcionado como una instancia de veto que no está contemplada por la Constitución Nacional.

La controversia judicial se originó luego de que el Poder Ejecutivo vetara la Ley de Financiamiento Universitario. El Congreso insistió posteriormente con su sanción y el Gobierno dictó el Decreto 759/2025, mediante el cual condicionó su ejecución a la identificación de los recursos necesarios para financiarla.

Qué dispone la Ley 27.795

Entre sus principales disposiciones, la norma establece mecanismos para actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales y contempla la recomposición de programas de becas para estudiantes.

También incluye medidas vinculadas con los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, el fortalecimiento de las trayectorias educativas, el equipamiento universitario, la creación de carreras y acciones de desarrollo regional y extensión.

El nuevo fallo se diferencia de las decisiones judiciales anteriores porque no se limita a los artículos 5 y 6 de la ley, relacionados principalmente con salarios y becas, sino que avanza sobre la aplicación integral de la norma.

Un conflicto que ya tuvo intervención de la Corte

El conflicto por el financiamiento universitario ya había llegado a la Corte Suprema. En junio, el máximo tribunal dejó firme una medida cautelar que obligaba al Estado a aplicar los artículos de la ley referidos a la actualización salarial y a los programas de becas.

En agosto, además, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de esa medida cautelar y el expediente regresó al juzgado de primera instancia para continuar con su ejecución.

A fines de septiembre, la Justicia había intimado nuevamente al Estado a acreditar el cumplimiento de esas disposiciones y otorgó un plazo adicional de cinco días ante la documentación presentada por el Gobierno.

Ahora, con el pronunciamiento de Cormick sobre el fondo de la cuestión, la Justicia declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó avanzar con su ejecución.

La decisión es de primera instancia y puede ser apelada, por lo que el conflicto judicial todavía podría continuar en instancias superiores.