La nueva Ley de Salud Mental permitirá intervenir antes de que una crisis termine en tragedia

La senadora nacional Ivanna Arrascaeta destacó este miércoles las modificaciones incorporadas al proyecto de Ley de Salud Mental y sostuvo que uno de los principales cambios consiste en colocar a la prevención como eje de la intervención, sin esperar necesariamente a que exista una situación de peligro inminente.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legisladora explicó que la propuesta busca habilitar una actuación temprana cuando determinadas conductas permitan advertir que una persona podría hacerse daño o poner en riesgo a terceros, incluso si en ese momento no se encuentra en condiciones psíquicas de decidir sobre una eventual internación.

“Acá hemos incorporado este concepto como central: la actitud preventiva y no el peligro inminente”, señaló Arrascaeta.

La modificación apunta a uno de los puntos más discutidos del régimen actual. El objetivo, según explicó la senadora, es evitar que las familias y los profesionales deban esperar hasta una situación límite para poder actuar.

El proyecto incorpora además una participación más amplia de equipos interdisciplinarios, integrados por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados. También reconoce expresamente el rol de los psicólogos en las evaluaciones y en las decisiones vinculadas con las altas médicas.

Otro de los cambios contempla la capacitación permanente y medidas de protección para los trabajadores de la salud que intervienen en situaciones complejas.

La iniciativa también restituye mecanismos de cooperación técnica, económica y financiera con las provincias, un punto especialmente relevante para las jurisdicciones que necesitan fortalecer sus sistemas de atención.

Entre las modificaciones operativas aparece además la ampliación de determinados plazos para comunicar internaciones, que pasarían de 24 a 48 horas, y la posibilidad de utilizar teleconsultas en localidades donde no existan especialistas disponibles.

Uno de los aspectos centrales será la relación entre las decisiones médicas y la intervención judicial.

En los casos de internaciones involuntarias, la Justicia deberá ser notificada y el juez tendrá la posibilidad de requerir informes o peritajes. Sin embargo, la determinación sobre la necesidad médica de internación no quedará exclusivamente en manos del magistrado.

En las internaciones voluntarias, por otra parte, se elimina la obligación de realizar una notificación judicial.

La reforma amplía además el concepto de adicciones para incorporar problemáticas como la ludopatía, delimita qué familiares podrán intervenir en determinadas decisiones y obliga al Estado a brindar acompañamiento cuando una persona no disponga de una red familiar o afectiva capaz de asistirla.

La propuesta incorpora también nuevos derechos relacionados con el acceso a la información y la posibilidad de ser escuchado durante los tratamientos.

Para niños y adolescentes se establece un abordaje específico que deberá contemplar la autonomía progresiva, la confidencialidad y las particularidades propias de cada etapa de desarrollo.

Arrascaeta destacó además que el texto mantiene la prohibición de las denominadas prácticas manicomiales y suma herramientas destinadas a evitar internaciones indefinidas.

En los casos considerados prolongados —aquellos que superen los 180 días consecutivos— deberán elaborarse planes de egreso y seguimiento para acompañar la reinserción de los pacientes fuera de la institución.

Otro de los puntos incorporados son las directivas anticipadas en salud mental. La herramienta permitirá que una persona pueda expresar previamente, mientras se encuentra en condiciones de hacerlo, qué tratamientos acepta o rechaza ante una eventual crisis futura.

Para Arrascaeta, la cantidad de modificaciones refleja la amplitud del debate que atravesó la iniciativa.

“Todos estos cambios hacen de esta una de las leyes más discutidas, trabajadas y modificadas”, sostuvo.

La senadora señaló además que las reformas recibieron una respuesta favorable de numerosas familias que atravesaron situaciones vinculadas con padecimientos de salud mental y que durante años reclamaron herramientas que permitieran intervenir antes de llegar a una crisis extrema.