Alberto agitó fantasmas de la “década infame”, pero omite su propio modelo de privilegios y gasto público

En la sede del PJ puntano, Alberto Rodríguez Saá buscó encender la mística del 17 de Octubre con un diagnóstico drástico: “Milei es todo lo anterior al 17 de Octubre; sin hospitales públicos ni universidades gratuitas”. La frase busca impacto, pero confunde pasado con presente y reduce un debate complejo —cómo ordenar un Estado exhausto— a consignas que no describen lo que efectivamente sucede.

Primero, no hay proyectos para eliminar la educación o la salud públicas. Sí existe una discusión —incómoda pero necesaria— sobre eficiencia, prioridades y sostenibilidad fiscal. Presentarla como la “vuelta a la década infame” es un atajo retórico: instala miedo sin explicar cómo se financia un esquema que, en los hechos, quedó sin recursos y castigó especialmente a los que menos tienen con inflación y servicios deteriorados.

Segundo, cuando Rodríguez Saá invoca “memoria y justicia social”, omite su propia responsabilidad en un modelo provincial con fuerte dependencia del empleo estatal y gasto corriente, que no logró diversificar la economía ni blindar a San Luis frente a los vaivenes nacionales. El pasado reciente no fue idílico: hubo estancamiento productivo, migración de jóvenes y ciclos de obra pública discontinua, todo bajo su hegemonía política. La épica no reemplaza los resultados.

Tercero, el exgobernador contrapone “Perón” a cualquier reforma actual, pero la doctrina peronista también habló de productividad, trabajo y equilibrio. Sostener derechos exige cuentas ordenadas. Si no, los derechos se vacían: sueldos que pierden contra los precios, hospitales con insumos al límite y escuelas que no mejoran aprendizajes. La salida no es negar el ajuste, sino administrarlo con reglas y transparencia.

Cuarto, el señalamiento de “discursos de odio y privilegios para pocos” parece desconocer los privilegios que se consolidaron en décadas de poder local: cajas políticas, contratos transitorios perpetuos, y una cultura del favor que no construyó ciudadanía sino dependencia. La política que hoy convoca a “cuidar la memoria” debe también practicar la autocrítica.

Qué sí está en juego

Orden y previsibilidad para recuperar salario e inversión: sin eso, la consigna no llena la heladera.

Calidad del gasto: priorizar guardias, medicamentos, infraestructura escolar y transporte antes que actos, cartelería o estructuras duplicadas.

Trabajo privado: menos trabas y costos para que la provincia genere oportunidades fuera del presupuesto público.

Transparencia: licitaciones abiertas, métricas de salud y educación publicadas, y control real del uso de fondos.

El 17 de Octubre no pertenece a un apellido ni a una facción. Fue una interpelación social para que la política respondiera con trabajo, movilidad y dignidad. Empobrecer ese legado a una consigna que niega la realidad de las cuentas públicas no ayuda: o se ordena el Estado —sin romanticismos y sin impunidad— o se ordena solo con inflación y caída del salario. Esa es la disyuntiva honesta.

En San Luis, el debate empieza por casa. Menos épica de escenario y más datos, planes y resultados. Si la dirigencia local quiere hablar de justicia social, que muestre cómo va a mejorar una guardia, una escuela y un empleo productivo en los próximos doce meses. Con números, no con relatos.