Freixes ya duerme en la cárcel y Alberto sigue en silencio: ¿dónde está el jefe?

La escena es potente: Sergio Gustavo Freixes, el hombre que durante años se movió en las entrañas del poder rodriguezaísta, hoy está encerrado en una celda común del pabellón de presos federales de la Penitenciaría Provincial. Del otro lado del muro, en el llano, un listado interminable de exministros, exlegisladores y dirigentes albertistas y kirchneristas salió a firmar un documento en su defensa.

Pero lo que realmente hizo ruido no fue quiénes firmaron, sino quién no estampó su nombre: Alberto José Rodríguez Saá, el jefe político que sostuvo, protegió y promovió a Freixes durante décadas.

El texto de apoyo llegó seis días después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazara el último intento de la defensa y dejara firme la condena a seis años de prisión por amenazas coactivas y agravadas contra jueces, por exigirles renuncias en blanco antes de asumir. El máximo tribunal agotó la vía recursiva y el Tribunal Oral Federal ordenó la detención. Freixes pasó, literalmente, de los despachos al pabellón.

En ese contexto, un sector del albertismo y del kirchnerismo local decidió moverse y publicó un documento duro contra el fallo. Hablan de “causa política”, de un expediente “inventado” y “manipulado”, y de una sentencia que no buscaría verdad ni reparación, sino “disciplinar a quien piensa distinto”. Entre las firmas aparece, por ejemplo, Alberto Rodríguez Saá (h), exministro de Obras Públicas y amigo íntimo de Freixes. La lista es extensa, casi una radiografía del rodriguezaísmo duro: exfuncionarios de primera línea, legisladores, militantes de la primera y de la última hora.

La nómina es larga, reconocible y llena de nombres propios. Pero el ausente se nota desde la primera lectura: Alberto no está.

Ese vacío no es un detalle menor ni un simple olvido administrativo. Freixes no fue un funcionario más del régimen. Fue su comisario político, el hombre con licencia para “entrar a cualquier oficina y ordenar”, el que se permitía el privilegio reservado de tratar al entonces gobernador de “Viejo” cuando todos los demás medían cada palabra. Estuvo en el corazón de las decisiones más sensibles del poder santacruceño puntano.

La causa que hoy lo tiene tras las rejas nació en 2004 y 2005, durante el primer mandato de Alberto Rodríguez Saá. De acuerdo a lo que determinó la Justicia Federal, desde el Ministerio de la Legalidad se presionaba a jueces y futuros magistrados para firmar renuncias anticipadas sin fecha, como condición para que el Poder Ejecutivo remitiera sus pliegos al Senado. Esa estructura de disciplinamiento quedó al desnudo a partir de la denuncia de la entonces fiscal Gretel Diamante y el testimonio de la jueza Marina Ziliotto, que relató cómo, ya designada, intentaron condicionarla bajo la amenaza de activar aquella renuncia blanca.

En 2018, el Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a Freixes por amenazas coactivas y agravadas. En 2019, la Cámara Federal de Casación Penal no sólo confirmó, sino que amplió el alcance de la condena y llevó la pena a seis años. La defensa insistió con planteos de ne bis in ídem, errores de calificación y violación del plazo razonable. La Corte, con un breve 280, cerró la puerta. El expediente bajó de los mármoles de Tribunales a la celda en Pampa de las Salinas.

En esa hora crítica, cuando el “soldado” más leal cae, el documento de apoyo que circuló este jueves deja una foto política incómoda:
más de cien firmas de dirigentes que bancan el relato de “persecución”, y el gran ausente, justamente, es el jefe del espacio en cuyo nombre se gobernó, se disciplinó y se ejerció poder durante décadas.

La pregunta es inevitable: ¿dónde está Alberto?

¿Eligió correrse para no quedar pegado a una condena firme que exhibe, en blanco y negro, la injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial? ¿Es una decisión calculada para preservar su propia posición ante la opinión pública y la Justicia federal? ¿O se trata del síntoma más visible de un liderazgo en retirada, incapaz de sostener en público a quienes fueron la herramienta más dura de su propio sistema de control?

El silencio de Rodríguez Saá se vuelve todavía más estridente si se repasa el vínculo personal. Freixes fue durante años el hombre que, dentro del albertismo, hacía lo que otros no querían ni podían hacer. El que bajaba línea, tensaba, apretaba, ordenaba. El que conocía de memoria los pasillos, los archivos y los secretos. El que se permitía el trato familiar de “Viejo” cuando el resto hablaba de “Gobernador”.

Hoy ese hombre duerme en una cucheta del pabellón federal. Y su jefe político, al menos por ahora, no aparece ni siquiera en un documento de apoyo que firmó casi todo el resto del dispositivo.

La nómina de adherentes –que incluye exministros, exfuncionarios, legisladores y dirigentes de todos los niveles del albertismo– deja otra señal: muchos de los que compartieron gabinete con Freixes tampoco pusieron la firma. Entre las ausencias y los silencios, lo que asoma es una foto de repliegue, fracturas y supervivencias individuales en un espacio que supo sentirse invencible.

La condena a Freixes no sólo impacta en la biografía de un exministro. Toca el corazón de un sistema que durante años convirtió al Poder Judicial en una pieza más del tablero político provincial. Y el silencio de Alberto Rodríguez Saá frente al derrumbe judicial de uno de sus hombres más fieles muestra, quizás como nunca, el desgaste de esa vieja maquinaria.

Mientras el documento circula y los firmantes hablan de “persecución política”, los hechos dicen otra cosa: hubo denuncia, hubo juicio, hubo condena, hubo Casación y hubo Corte. Y en el pabellón federal hay un preso. Afuera, en cambio, hay un silencio que aturde. Y una pregunta que va a seguir flotando en San Luis por un buen rato: ¿dónde está Alberto?