La Justicia revisa recursos defensivos en una causa por presunto abuso sexual en San Luis

El Tribunal de Impugnaciones de la Primera Circunscripción Judicial celebró este lunes una audiencia clave para revisar recursos defensivos y un pedido de sanciones en una causa por presunto abuso sexual, con amplia repercusión pública en la ciudad de San Luis. El expediente se inició en 2020 por hechos denunciados en 2018 y la víctima, que era niña al momento del presunto ataque, hoy es mayor de edad.

La audiencia estuvo presidida por la jueza Yanina Del Viso e integrada además por Laura Molino y Jorge Sabaini Zapata. En el debate, las partes expusieron sus posiciones sobre el estado del proceso y las razones por las cuales, pese al tiempo transcurrido, la causa aún no llegó a la instancia de formulación de cargos.

La defensa, representada por las abogadas María Victoria Robledo y Ana María López, cuestionó la extensión del trámite y sostuvo que esa demora vulnera garantías constitucionales del imputado. También objetó la aplicación del nuevo Código Procesal Penal a un caso iniciado bajo el sistema anterior y pidió que se suspenda el avance del proceso hasta tanto se resuelvan recursos pendientes en instancias superiores. A la vez, rechazó que su intervención haya tenido un carácter dilatorio.

Desde la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores N° 1, la fiscal María Delia Bringas y la fiscal adjunta Marisol Boschi explicaron que el expediente tuvo actividad desde su comienzo, pero que atravesó “circunstancias excepcionales” que impactaron en su avance, como la pandemia, el cambio de sistema procesal y la acumulación de incidencias y presentaciones recursivas a lo largo de los años.

En ese marco, la Fiscalía defendió la formulación de cargos como una etapa necesaria y provisoria para ordenar la investigación y habilitar su continuidad bajo control judicial. Según plantearon, el proceso debe asegurar garantías para todas las partes, tanto para el imputado como para quien denunció hechos ocurridos durante su infancia, que aún no obtuvo una respuesta judicial definitiva.

La querella, a cargo de las abogadas Estrella Marín y Fernanda Pereyra Jamenson, sostuvo una postura más severa respecto de las demoras. Afirmó que el atraso responde a un uso abusivo y reiterado de herramientas procesales por parte de la defensa, al que calificó como una conducta dilatoria que impidió avanzar hacia la formulación de cargos. Por eso, solicitó que se confirme el rechazo de nulidades planteadas y se habilite la continuidad del trámite.

Además, la querella pidió sanciones contra la defensa al considerar que su comportamiento excede el legítimo ejercicio del derecho de defensa y afecta el normal desarrollo del proceso, el acceso a la justicia y los derechos de la denunciante.

Sobre ese punto, la fiscal Bringas sostuvo que corresponde evaluar sanciones cuando se verifica un uso abusivo de los recursos procesales. En su exposición, remarcó que el derecho de defensa debe ejercerse dentro de los principios de buena fe, igualdad de armas y economía procesal, y advirtió que la utilización de herramientas jurídicas con fines meramente dilatorios perjudica el funcionamiento del sistema y a todas las partes involucradas.

Al cierre, el Tribunal informó que resolverá los recursos interpuestos dentro de los plazos legales y notificará a las partes una vez que la decisión esté firmada. Mientras tanto, la causa permanece en una instancia de definición que puede marcar el rumbo del expediente: si se habilita o no la formulación de cargos y, con ello, el avance formal de la investigación bajo control judicial.