A 10 años del crimen de Romina Aguilar la familia pidió juicio y dijo sentirse burlada

Diez años después, el crimen de Romina Aguilar, ocurrido el 30 de enero de 2016, sigue abierto como una herida sin cierre para su familia. Sus hermanos decidieron volver a hablar, esta vez sin cámaras ni exposición pública, con un pedido central: que la Justicia avance, fije un camino claro y se llegue a un juicio que permita determinar qué pasó y quiénes fueron los responsables.

Romina tenía 32 años y, según reconstruye su entorno, llevaba una vida rutinaria. Estudiaba y viajaba a La Calera para cursar el Plan de Inclusión Educativa. “No era una persona que se metiera en nada”, repiten en la familia, convencidos de que no había conflictos previos que expliquen lo ocurrido. Esa mirada, con el tiempo, reforzó una sospecha que nunca abandonaron: que no se trató de un hecho al azar ni de un robo.

“A mi hermana no le sacaron nada. Tenía sus cosas, sus anillos”, sostuvo Inés Garay, una de sus hermanas, al justificar por qué la hipótesis de un asalto no les resulta suficiente. El interrogante, para ellos, permanece intacto: si no hubo robo, ¿cuál fue el motivo del ataque?

En la causa hay personas imputadas: el viudo, Diego Lorenzetti; un jockey que trabajaba para él, Edivaldo De Oliveira Pereira; y Cristian Leandro Vílchez. La familia, que en 2024 se constituyó como querellante, sostiene que el expediente debe ordenar responsabilidades y despejar dudas que, a su criterio, se multiplicaron con el paso de los años.

Uno de los puntos que plantean como clave es el conocimiento previo del entorno. “Él conocía a la familia, sabía dónde vivía Romina, quién era y a qué hora salía”, señaló Inés, al referirse a De Oliveira Pereira. Sin embargo, el planteo familiar convive con una demanda institucional: que sean las pruebas y las decisiones judiciales las que definan el cuadro completo.

El relato de la madrugada del crimen sigue siendo un punto de quiebre. Inés contó que estaba en la casa, escuchó los disparos y, en un primer momento, pensó que venían de un boliche cercano. Después llegaron los gritos. “Nunca me voy a olvidar de esa imagen”, dijo al recordar el momento en que encontró a su hermana herida. La escena, afirmó, se le volvió persistente: durante años, cualquier ruido fuerte la devolvía a esa noche.

Con el tiempo, al dolor se le sumó una sensación de desgaste. La familia cuestiona el derrotero de la causa, menciona la anulación del juicio, las excarcelaciones y la falta de definiciones. “Nos sentimos burlados. Primero hubo condenas, después quedaron libres, uno se fue y nadie hace nada. Pasaron 10 años”, expresó Inés, en un reclamo que combina frustración y exigencia de respuestas.

El miedo también atraviesa el presente. “Los asesinos están sueltos”, sostuvieron, al explicar por qué eligieron hablar sin exposición. Para ellos, no se trata de una frase: lo viven como una amenaza concreta y como un factor que condiciona la vida familiar desde hace una década.

A diez años del crimen, el pedido se resume en una línea: un juicio. No como consigna, sino como un acto institucional capaz de ordenar el expediente, establecer responsabilidades y ofrecer una respuesta que hasta ahora no llegó. Mientras tanto, la familia de Romina Aguilar insiste en que el paso del tiempo no alivió la ausencia: la volvió más pesada.