Anularon una boda de una pareja trans en Corrientes y abrieron un sumario al sacerdote

La Iglesia católica en Corrientes quedó en el centro de una fuerte controversia tras la difusión del casamiento religioso de una pareja trans en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya. La ceremonia, realizada a fines de enero, tomó estado público en los últimos días y derivó en una intervención directa de la cúpula eclesiástica: el Arzobispado anuló la boda y dispuso la apertura de un sumario al sacerdote que la celebró.

En un comunicado, la autoridad eclesiástica sostuvo que no se cumplieron condiciones consideradas esenciales para la validez del sacramento y advirtió que la situación generó “confusión en la comunidad de los fieles”. El texto también remarcó que la omisión de requisitos formales “desvirtúa” el sentido del matrimonio católico, en un mensaje dirigido tanto a la comunidad como a quienes intervinieron en la organización del enlace.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la falta de trámites previos. Según indicó el Arzobispado, en la sede arzobispal “en ningún momento se recibió la documentación eclesiástica correspondiente” vinculada a las formalidades que deben presentarse antes de una boda religiosa. Ese señalamiento abrió la puerta a medidas disciplinarias y al inicio de actuaciones de oficio en el marco del Derecho Canónico.

La reacción oficial buscó, además, fijar una línea institucional: la Iglesia afirmó mantener una vocación de “acoger y acompañar a las personas”, pero aclaró que ese acompañamiento debe desarrollarse dentro de la doctrina y del orden jurídico interno que regula la celebración de los sacramentos.

Desde la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, por su parte, difundieron un descargo con tono prudente y evitaron brindar detalles por “respeto a la intimidad” de los involucrados. Sin embargo, señalaron que el matrimonio cristiano exige que no existan impedimentos canónicos y que el consentimiento se exprese conforme a lo que la Iglesia entiende como válido.

En ese marco, la conducción parroquial anticipó que reforzará los procedimientos de entrevista, preparación y verificación previos a cualquier ceremonia, con el objetivo de evitar nuevos episodios que puedan derivar en cuestionamientos formales o decisiones posteriores de anulación.

El caso reabre un debate sensible en Corrientes: el vínculo entre cambios sociales e instituciones tradicionales, los alcances de la normativa eclesiástica y el modo en que la Iglesia procesa demandas de inclusión sin alterar su marco doctrinal. Mientras avanza el sumario y se determinan responsabilidades, la situación dejó una señal clara puertas adentro: la curia buscará endurecer controles y ordenar la práctica sacramental para evitar hechos que vuelvan a escalar a nivel público.