Mahiques asumió en Justicia y prometió reglas claras y jueces independientes

El Gobierno nacional formalizó este jueves la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, cuya renuncia fue aceptada a partir del 4 de marzo. La decisión quedó plasmada en el Decreto 133/2026, publicado en el Boletín Oficial, que establece el inicio de funciones de Mahiques desde el 5 de marzo.

La llegada del nuevo titular se conoció primero por un anuncio del presidente Javier Milei en redes sociales y se consolidó con los actos administrativos posteriores. En la Casa Rosada, la agenda contempló la jura y el inicio formal de una gestión que tendrá como uno de sus ejes la relación entre el Ejecutivo y el sistema judicial, en un año signado por reformas y debates legislativos.

En su primer pronunciamiento como ministro designado, Mahiques agradeció la “confianza” del Presidente y remarcó una definición que buscó ordenar el mensaje político de arranque: “sin justicia no hay futuro posible”. En esa misma línea, sostuvo que el rumbo exige instituciones que funcionen bajo el Estado de Derecho y un marco de reglas “claras y estables” para recomponer confianza pública y brindar previsibilidad.

El nuevo ministro también incluyó un reconocimiento a Karina Milei por el respaldo dentro del armado político del Gobierno y valoró la tarea de su antecesor, a quien atribuyó una “primera etapa” de transformación que ahora —según planteó— debe consolidarse con “responsabilidad y firmeza”.

Mahiques llega a la cartera tras desempeñarse como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y con un perfil técnico-político conocido en el ámbito judicial. Su designación, además, se produce en un contexto donde el oficialismo busca sostener una agenda de cambios y reordenamientos institucionales, con impacto en el funcionamiento de tribunales, procedimientos y políticas criminales.

Hacia adelante, el desafío inmediato será traducir ese planteo de “seguridad jurídica” y modernización en medidas concretas: tiempos más ágiles, herramientas más actuales y una hoja de ruta que, al mismo tiempo, evite que la discusión judicial quede atrapada en la disputa política cotidiana.