viernes 9 de octubre de 2026

Justicia

Homicidio en el 1° de Mayo: preventiva para “El Barba” y domiciliaria al menor acusado

La Justicia imputó a José Barroso y a un adolescente de 16 años por el crimen de Carlos Javier Moyano, ocurrido el 13 de febrero. La jueza de Garantías ordenó 120 días de prisión preventiva para el adulto y la jueza Penal Juvenil dispuso 90 días de arresto domiciliario para el menor, con controles y seguimiento.
Homicidio del barrio 1° de Mayo: cárcel para el segundo imputado y prisión domiciliaria para el adolescente.
Homicidio del barrio 1° de Mayo: cárcel para el segundo imputado y prisión domiciliaria para el adolescente.

El expediente por el homicidio de Carlos Javier Moyano sumó este miércoles nuevas definiciones judiciales. En una nueva ronda de audiencias, la Justicia formuló cargos contra José Barroso, alias “El Barba”, y contra U.C.L., un adolescente de 16 años señalado como quien habría efectuado los disparos que terminaron con la vida de la víctima el viernes 13 de febrero, sobre la avenida V Centenario, a la altura de la manzana “L” del barrio 1° de Mayo.

Ambos fueron imputados por “homicidio doblemente calificado: por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego”, en un caso que ya tenía un primer detenido: Carlos Fausto Barroso, alias “El gordo Travolta”, procesado el 24 de febrero y actualmente alojado en el Servicio Penitenciario Provincial con 120 días de prisión preventiva.

Preventiva por 120 días para el segundo imputado adulto

La jueza de Garantías Agustina Dopazo Samper resolvió la situación procesal de José Barroso y ordenó su prisión preventiva por 120 días, tal como lo solicitó el fiscal de Instrucción N°3, Esteban Roche. La medida implica su traslado al Servicio Penitenciario Provincial mientras continúa la investigación.

En su resolución, la magistrada sostuvo que en esta etapa inicial no se exige prueba plena, sino evaluar la coherencia entre la teoría fiscal y la evidencia incorporada, extremo que consideró cumplido. También ponderó riesgos procesales: posible fuga y entorpecimiento por la gravedad del hecho, la expectativa de pena efectiva y la existencia de testigos que aún deben declarar.

Las defensas, a cargo de Soledad Poma de Otaegui y Hanna Abdallah, cuestionaron la solidez de la imputación, aunque la jueza mantuvo la medida de coerción solicitada por Fiscalía.

La acusación contra el adolescente y el paso al fuero juvenil

En el caso del adolescente U.C.L., Dopazo Samper dio por formulados los cargos y dejó el análisis de la medida de coerción a la Justicia Penal Juvenil, por tratarse de un imputado menor de edad.

Según la teoría del fiscal Roche, el día del hecho Moyano circulaba en una moto azul por el carril derecho de la avenida, en sentido oeste-este, cuando un automóvil con varias personas comenzó a seguirlo entre las 19:50 y las 20. Desde el asiento del acompañante, el menor habría efectuado múltiples disparos. La víctima cayó al asfalto y murió en el acto por un shock hipovolémico, producto de una gran pérdida de sangre.

El querellante Martín Loayza Fernández adhirió a lo planteado por la Fiscalía. En la audiencia estuvo presente Laura Eugenia Suárez, esposa de Moyano, quien expresó temor por su seguridad.

Domiciliaria por 90 días, controles y asistencia

Tras la audiencia en Garantías, el pedido de coerción fue evaluado por la jueza Penal Juvenil Daniela Benenatti, quien hizo lugar al requerimiento fiscal y dispuso prisión domiciliaria por 90 días para U.C.L., bajo supervisión de sus tíos y con control policial.

Además, ordenó seguimiento del Instituto de Reinserción Social, asistencia psicológica por el área penal juvenil y medidas para garantizar la continuidad educativa del adolescente mediante modalidad virtual. También requirió que la CANAF evalúe ampliar la frecuencia de los controles domiciliarios.

La magistrada explicó que la decisión busca asegurar el avance de una investigación en etapa inicial y, al mismo tiempo, proteger a la familia de la víctima y al propio menor imputado.

La Defensoría de Niñez, que representa al adolescente, cuestionó aspectos del procedimiento y sostuvo que el joven se presentó voluntariamente ante Homicidios cuando la intervención, afirmaron, debió canalizarse por CANAF. No se opuso a la domiciliaria, pero pidió reforzar contención psicológica y continuidad escolar.

Con estas medidas, la causa por el crimen en el barrio 1° de Mayo consolida su línea principal de investigación, con tres imputados ya identificados y plazos de coerción definidos mientras se completa la ronda de testimonios, peritajes y producción de prueba.