En la etapa final del juicio que la tiene como principal acusada, Cintia Ramírez tomó la palabra y ensayó una defensa política, institucional y personal. Frente al tribunal, la ex secretaria de Deportes se declaró “totalmente inocente” y sostuvo que todas sus decisiones al frente del área se ajustaron a la normativa vigente.
Su intervención se produjo en la instancia previa a los alegatos, en una jornada de alto voltaje judicial y político. Allí buscó desarmar uno de los ejes centrales de la acusación: la supuesta incompatibilidad entre sus funciones públicas y su vínculo con el San Luis Fútbol Club. Ramírez rechazó que haya existido irregularidad en el denominado “triple rol” y afirmó que su participación respondía a obligaciones propias del cargo.
Durante su exposición, explicó que el Ente deportivo exigía que la secretaria del área asumiera la presidencia y remarcó que no existe una norma que prohibiera esa situación. También defendió la estructura institucional del San Luis Fútbol Club, al que definió como una asociación civil sin fines de lucro creada en 2019 y con personería jurídica tramitada para cumplir con exigencias de la AFA.
Ramírez también se refirió al manejo de fondos, otro de los puntos más sensibles del debate oral. En ese tramo, intentó relativizar parte del material exhibido por la acusación y sostuvo que una porción importante de las transferencias mencionadas en la causa no tenían vinculación con el club. Según afirmó, de las 188 operaciones analizadas, 96 no correspondían al San Luis Fútbol Club.
En la misma línea, buscó quitarle centralidad a uno de los hechos más comprometidos ventilados en el proceso: la compra del colectivo. Señaló que ese punto ya había sido aclarado durante el juicio por el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, cuya declaración alteró el escenario judicial y abrió incluso la puerta a una nueva denuncia penal en su contra.
Pero el descargo de Ramírez no se limitó a una defensa técnica. En el tramo final endureció el tono, se presentó como víctima de una persecución y aseguró que detrás del proceso hubo una intencionalidad política. También cargó contra determinados medios de comunicación, a los que vinculó con el oficialismo provincial y a los que responsabilizó por amplificar el caso.
“Ha sido muy doloroso pasar dos años por esto. Quiero que se cierre esta agonía”, expresó, en una frase que condensó el tono de su mensaje final. La ex funcionaria intentó así mostrarse no solo como una acusada que rechaza los cargos, sino también como una dirigente golpeada por un proceso que, según su mirada, excede lo judicial.
Con su declaración, el juicio entró en una fase decisiva. A partir de ahora, el foco estará puesto en los alegatos y en la valoración final que haga el tribunal sobre las pruebas, los testimonios y las responsabilidades. El descargo de Ramírez dejó en claro su estrategia: negar todas las acusaciones, defender la legalidad de su gestión y denunciar que detrás del expediente hubo algo más que una investigación por corrupción.