La Justicia ordenó al Gobierno aplicar la ley de financiamiento universitario

La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó este martes un nuevo capítulo judicial de alto impacto. La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, y rechazó la apelación presentada por la administración de Javier Milei.

La resolución ratifica que el Estado debe aplicar de manera inmediata los artículos centrales de la Ley 27.795, sancionada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025. Entre otros puntos, la norma prevé la actualización de los salarios docentes y no docentes, la recomposición de becas estudiantiles y el sostenimiento de programas de investigación y funcionamiento universitario.

El tribunal, integrado por Sergio Fernández y Jorge Morán, puso el foco en un punto clave: el Ejecutivo no puede dejar en suspenso una ley vigente apoyándose en otra norma de igual jerarquía. En esa línea, los camaristas rechazaron la tesis oficial sobre la supuesta imposibilidad de aplicarla sin una previsión presupuestaria específica y consideraron “poco serios” los agravios planteados por el Estado contra la cautelar.

La causa se originó luego de que el Gobierno promulgara la ley, pero al mismo tiempo frenara su ejecución a través del Decreto 759/2025, bajo el argumento de que primero debían definirse las fuentes de financiamiento. Esa interpretación fue la que cuestionó la Justicia en primera instancia y la que ahora volvió a quedar debilitada con el fallo de Cámara.

El conflicto no se agotó en los tribunales. La resolución llega en medio de un fuerte malestar en el sistema universitario, con reclamos por pérdida salarial y financiamiento. En ese marco, distintos gremios mantuvieron medidas de fuerza y la federación docente de la UTN anunció un paro escalonado de cinco días distribuido a lo largo de tres semanas para exigir salarios dignos y el cumplimiento de la ley.

El trasfondo político también sigue abierto. La ley había sido vetada totalmente por Milei en septiembre de 2025, pero luego quedó promulgada tras la insistencia del Congreso. Ya en 2026, el propio Ejecutivo incluyó en sesiones extraordinarias un proyecto de reforma de esa misma norma, señal de que la Casa Rosada busca modificar el esquema vigente en lugar de sostenerlo tal como fue sancionado.

Con este fallo, la presión sobre el Gobierno se multiplica en dos frentes: el judicial y el político. La decisión de la Cámara no cierra de fondo la discusión universitaria, pero sí fija una señal contundente: mientras la ley siga vigente, el Ejecutivo no puede elegir si la aplica o no. Y en un sistema atravesado por paros, pérdida de poder adquisitivo y tensión institucional, esa definición cambia el escenario.