Crece la versión de un adelanto electoral, pero mayo de 2027 choca con la Constitución

En medio de la tensión económica y de las especulaciones sobre el clima político de cara a 2027, comenzó a circular con fuerza una versión sensible: que el Gobierno de Javier Milei evalúa adelantar la elección presidencial para mayo del año próximo. La hipótesis fue publicada por La Política Online, que la presentó como un debate abierto en las más altas esferas del oficialismo, aunque hasta ahora no hubo confirmación pública de la Casa Rosada.

Según esa publicación, dentro del oficialismo conviven dos miradas. Una sostiene que conviene mantener la elección en la ventana habitual, con la expectativa de llegar a ese tramo con una economía más estabilizada. La otra cree que una definición electoral más temprana podría despejar incertidumbre financiera y política, en un escenario en el que el mercado seguiría de cerca las chances de reelección de Milei.

Pero la versión tropieza con un obstáculo jurídico mayor. El artículo 95 de la Constitución Nacional establece que la elección presidencial “se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio”. A eso se suma el artículo 91, que dispone que el Presidente cesa en el cargo el mismo día en que expira su período de cuatro años. En otras palabras, una elección en mayo de 2027 quedaría por fuera de esa ventana constitucional.

Ese punto vuelve muy difícil transformar la especulación política en una decisión concreta sin una reforma constitucional. Con la normativa vigente, el margen para adelantar la presidencial es acotado y no alcanza para llevarla al primer semestre del año. Por eso, más que una medida en marcha, lo que hoy existe es una discusión política atravesada por límites legales muy precisos.

El debate, además, se cruza con otra discusión electoral que sí tiene antecedentes recientes: el futuro de las PASO. En 2025, el Congreso suspendió las primarias únicamente para ese año mediante la Ley 27.783, por lo que una eliminación permanente exigiría una nueva ley. Es decir, aun cuando el oficialismo avanzara con cambios en el sistema electoral, eso no resolvería por sí mismo el problema constitucional de mover la presidencial a mayo.

En paralelo, la versión ya empezó a mover piezas en la oposición. En los últimos días, Sergio Uñac pidió que el PJ defina su candidatura presidencial antes de fin de año, en un gesto leído como una reacción preventiva ante la posibilidad de que el calendario nacional se acelere. El dato revela que, aun sin confirmación oficial, la sola circulación de la hipótesis ya empezó a producir efectos políticos.

Por ahora, entonces, el presunto adelantamiento aparece más como una señal del nerviosismo que genera 2027 que como una decisión institucional inminente. La política puede discutir estrategias, tiempos y conveniencias; la Constitución, en cambio, fija una frontera mucho más rígida. Y en ese terreno, mayo no parece hoy una estación posible para una elección presidencial.