La Justicia fijó la audiencia para imputar a Freixes por asociación ilícita en el Pueblo Ranquel

La causa que investiga presuntas maniobras fraudulentas con fondos del Municipio del Pueblo Ranquel dio un paso clave en la Justicia de Villa Mercedes. El Ministerio Público Fiscal avanzará con la formulación de cargos contra Sergio Freixes por el delito de asociación ilícita, en una audiencia que fue fijada para el 28 de abril a las 9 ante la jueza Natalia Pereyra Cardini.

La definición llega después de más de dos años de investigación y tras el rechazo del último intento de la defensa por frenar el expediente. Según se informó, el Tribunal de Impugnación de la Segunda Circunscripción no hizo lugar al planteo que buscaba anular la pericia contable sobre la que se apoya una parte central de la acusación, por lo que la fiscalía quedó en condiciones de avanzar con la imputación formal.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, los hechos investigados se remontan al período comprendido entre abril de 2020 y diciembre de 2023, cuando Freixes tenía injerencia en la administración del Pueblo Ranquel durante el anterior gobierno provincial. La acusación sostiene que, en ese lapso, habría intervenido en asuntos agropecuarios y en el manejo de cuentas municipales, con un volumen de fondos bajo análisis que asciende a $669.696.011,61.

La formulación de cargos no alcanzará solo al exfuncionario. También fueron citadas su esposa, Viviana Moreyra; su secretaria, Sofía Aguilera; y los colaboradores Arturo García Montani y Diego Lucero. La fiscalía los vincula a una presunta estructura montada para defraudar a la administración pública mediante el uso de recursos del municipio ranquel.

Uno de los ejes del expediente pasa por el poder especial que, según la investigación, Freixes había recibido del entonces ministro de Producción Juan Lavandeira para realizar operaciones administrativas y bancarias. En ese marco, la acusación también pone bajo la lupa a la firma El Relincho S.R.L., creada por la familia Freixes, que habría sido utilizada como herramienta dentro de las maniobras investigadas.

La pesquisa sostiene además que el dinero público habría sido canalizado a través de dos cuentas del Banco Supervielle. En una se depositaban fondos de coparticipación y Aportes del Tesoro Provincial, mientras que en la otra se administraban recursos derivados de la explotación agropecuaria y de la venta de ganado de las 66 mil hectáreas de la comunidad. La acusación se apoya en testimonios, documentación, informes bancarios, transferencias y datos de organismos registrales y fiscales.

El caso también quedó cruzado por la polémica autoproclamación de Freixes y Alberto Rodríguez Saá (h) como lonkos del Pueblo Ranquel. Según la investigación judicial, ese nombramiento habría surgido de una asamblea cuya existencia fue luego desmentida en el expediente: declararon integrantes de la comunidad que dijeron desconocer los hechos y la fiscalía concluyó que las firmas fueron recolectadas después, casa por casa, bajo otra explicación.

Freixes será trasladado desde el Servicio Penitenciario Provincial, donde actualmente cumple una condena de seis años de prisión en otra causa. Con la audiencia ya fijada, la Justicia entrará ahora en una etapa decisiva para determinar si existen elementos suficientes para sostener una imputación formal en una investigación que apunta a uno de los expedientes de corrupción más sensibles vinculados al último tramo del gobierno de Alberto Rodríguez Saá.