Imputaron a tres personas por vender departamentos de una torre que nunca se construyó

La causa por el frustrado emprendimiento inmobiliario “Milano 3” dio este martes un paso clave en los tribunales de San Luis. El juez de Garantía N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Juan Manuel Montiveros Chada, imputó por estafa a María Elena Casiraghi, Noelia Casiraghi y José Luis Casiva, a raíz de la comercialización de departamentos de una torre que nunca llegó a construirse.

Según la acusación expuesta por la fiscal adjunta Ornella Costa, entre agosto y septiembre de 2020 los imputados ofrecieron unidades “en pozo” del proyecto ubicado en Belgrano 331 de la ciudad de San Luis. La hipótesis fiscal sostiene que existió un engaño sostenido mediante contratos, publicidad y respuestas falsas, pese a que los acusados sabían que la obra no se iba a concretar.

En la audiencia se ventiló que al menos tres damnificados abonaron sumas millonarias por departamentos que nunca recibieron. Uno de ellos, asistido por su abogado Néstor Spagnuolo, sostuvo que el emprendimiento fue comercializado sin habilitación municipal, sin planos aprobados y sin visado profesional, y que las pericias incorporadas al expediente reflejan un avance mínimo de obra y un estado de abandono. Incluso afirmó que, actualizado, el dinero invertido en las unidades supera los 122 millones de pesos.

La querella también puso el foco en la continuidad de la maniobra. Otro de los abogados de los damnificados, Maximiliano Del Signore, advirtió que el proyecto seguía siendo ofrecido a terceros y que se prometía un edificio de siete pisos y 40 departamentos que nunca se materializó. Con ese argumento reclamó la prisión preventiva de los imputados por 120 días e insistió en que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Del otro lado, la defensa intentó correr el expediente del terreno penal. El abogado Santiago Calderón Salomón sostuvo que se trata de un incumplimiento contractual y no de una estafa, y afirmó que hubo contratos formales, pagos registrados, intervención de una inmobiliaria y comunicaciones entre las partes. También argumentó que las demoras obedecieron a cuestiones administrativas y que el avance de obra ronda el 10%, además de señalar que existieron ofrecimientos de compensación a los compradores.

Montiveros Chada rechazó esa “excepción de atipicidad”, aunque aclaró que la discusión sobre si los hechos encuadran en una figura penal o en un conflicto civil deberá profundizarse en una etapa posterior del proceso. También remarcó que ya existía una imputación previa en la causa desde 2024 y resolvió mantener la continuidad del trámite para evitar decisiones contradictorias.

En cuanto a las medidas de coerción, el magistrado no hizo lugar al pedido de prisión preventiva, prohibición de salida ni inhibición de bienes formulado por los damnificados. Valoró que los imputados se presentaron voluntariamente y que hubo intentos de reparación. De todos modos, dispuso que las imputadas firmen el libro de imputados una vez por mes durante 60 días.

La resolución no cierra el caso, pero sí marca un cambio de etapa en una causa que arrastra casi dos años de trámite. Ahora, la investigación deberá avanzar para determinar si detrás del fallido “Milano 3” hubo solamente un emprendimiento frustrado o una maniobra deliberada para captar fondos mediante una apariencia de legalidad que nunca tuvo correlato en la realidad.