Caso Ángel
Denunciaron a las psicólogas que avalaron que Ángel volviera a vivir con su madre
La conmoción por el crimen de Ángel López sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial. La Fundación Más Vida denunció penalmente a dos psicólogas que intervinieron en el proceso que habilitó que el niño volviera a vivir con su madre en Comodoro Rivadavia, una decisión que hoy quedó bajo fuerte cuestionamiento tras el asesinato del menor.
La presentación fue dirigida contra Jennifer Leiva y Vanesa Marín, señaladas por la organización como las profesionales que elaboraron informes favorables para la revinculación de Ángel con Mariela Altamirano. La mujer y su pareja permanecen detenidos con prisión preventiva, acusados en la causa por la muerte del chico, que, según la investigación, fue asesinado a golpes.
De acuerdo con la denuncia impulsada por la fundación, esos informes tuvieron un peso determinante en la resolución del juez Pablo José Pérez, que otorgó la tenencia a la madre. En ese marco, la acusación apunta a posibles delitos de violación de los deberes de funcionario e informe falso.
Según indicaron integrantes de la Fundación Más Vida a la Agencia Noticias Argentinas, las profesionales habrían actuado sin relevar en profundidad el contexto en el que iba a vivir el niño. Desde la entidad sostienen que no se realizó un informe ambiental, una herramienta que podría haber expuesto las condiciones de vulnerabilidad en las que residían la mujer y su pareja.
La organización también puso el foco en los antecedentes que, a su entender, debían haber sido considerados antes de avanzar con la revinculación. Entre ellos, señalaron que Altamirano había abandonado a Ángel cuando era muy pequeño y que, además, la Justicia ya le había quitado la tenencia de otro de sus hijos.
A eso se suma otro dato que ahora cobra especial relevancia en el expediente: la vivienda en la que residía el niño no reuniría condiciones básicas adecuadas y, según trascendió, el grupo familiar dependía diariamente de un comedor barrial para alimentarse. Para la fundación, esos elementos debieron haber encendido alertas previas.
Otro de los aspectos mencionados en la denuncia es el impacto emocional que habría sufrido el menor antes del cambio de convivencia. Según se conoció, Ángel tuvo que ser trasladado de jardín y un informe de su maestra advertía que se mostraba enojado y angustiado en los días previos a mudarse con su madre.
Mientras la investigación por el crimen avanza y se esperan nuevas medidas judiciales, la denuncia contra las psicólogas abre otra línea de discusión sobre el rol de los equipos técnicos y los controles del sistema de protección de la niñez. El caso volvió a poner bajo la lupa cómo se evalúan las revinculaciones familiares y qué responsabilidades pueden surgir cuando esas decisiones terminan en una tragedia.