Educación
Una familia deberá pagar más de $6 millones por una amenaza escolar
Una familia de la ciudad de Santa Fe recibió la primera notificación oficial para pagar los costos de un operativo policial desplegado tras una amenaza escolar realizada por su hijo menor de edad.
El monto asciende a $6.024.944 y deberá ser afrontado por los padres del alumno identificado como autor de la intimidación. El caso fue confirmado por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y forma parte del plan provincial para recuperar los gastos que generan este tipo de episodios.
La reacción del padre no pasó inadvertida. Al recibir la carta, exclamó: “Cara la jodita”, según se observa en imágenes difundidas por el propio Gobierno provincial en sus redes oficiales.
La frase sintetizó el impacto de una medida que busca marcar un antes y un después frente a la ola de amenazas que afectó a distintas escuelas del país. Para las autoridades santafesinas, no se trata de una broma ni de una travesura, sino de una conducta que activa recursos públicos, altera la vida escolar y genera consecuencias económicas concretas.
Según explicó Cococcioni, el procedimiento establece que, una vez identificado el autor de la amenaza —sea o no punible por su edad—, también se determina quiénes son los adultos responsables. Luego se emite una intimación de pago con un plazo de cinco días.
Si la familia no paga, la deuda pasa a la Fiscalía de Estado, que puede iniciar acciones judiciales para reclamar el cobro. Desde el Gobierno aclararon que no se trata de una sanción penal, sino de una indemnización civil destinada a resarcir el gasto público ocasionado por el operativo.
El cálculo incluye todos los recursos utilizados en la intervención: combustible, móviles policiales, brigadas especiales, personal afectado y horas de servicio. En caso de avanzar por vía judicial, la deuda podría derivar incluso en embargos de sueldos o bienes.
El ministro informó que ya fueron identificados responsables en 58 amenazas escolares, con más de 70 personas involucradas entre autores y adultos a cargo. El monto total que la provincia busca recuperar supera los $250 millones y podría seguir aumentando a medida que avancen las actuaciones.
El caso se da en medio de una preocupación creciente por amenazas en establecimientos educativos, muchas de ellas vinculadas a desafíos virales o mensajes difundidos en redes sociales. Estos episodios obligaron a evacuar escuelas, suspender clases y desplegar operativos de seguridad en distintos puntos del país.
Desde el Gobierno santafesino insistieron en que el objetivo es generar conciencia sobre el impacto real de estas conductas. Cada amenaza moviliza recursos que podrían estar destinados a otras tareas de prevención y seguridad, además de provocar miedo entre estudiantes, docentes y familias.
La primera intimación por más de $6 millones funciona como una advertencia concreta: las falsas amenazas escolares ya tienen consecuencias económicas para las familias de los responsables. En Santa Fe, la decisión oficial es que el costo de la “jodita” no lo pague el Estado, sino quienes la provocaron.
