Coimas, importaciones y dólares en efectivo: la causa que complica al último gobierno K

El secreto de sumario se levantó y la causa empezó a mostrar su verdadero tamaño. Lo que hasta ahora aparecía como una investigación reservada sobre maniobras financieras y movimientos de divisas comenzó a revelar una trama mucho más sensible: un presunto sistema de coimas en dólares para destrabar importaciones durante la etapa más dura del cepo cambiario, en plena gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

El expediente, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y tiene intervención del fiscal Franco Picardi, apunta al funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina, conocido como SIRA. Ese mecanismo fue presentado en octubre de 2022 como una herramienta para ordenar las autorizaciones de importación y evitar maniobras especulativas con la brecha cambiaria. Pero ahora la Justicia investiga si, detrás de esa estructura, funcionó un circuito paralelo de recaudación ilegal.

Según consta en la causa, la organización habría operado mediante intermediarios que exigían retornos de entre el 10% y el 15% del valor de las importaciones. El pago, según surge del expediente, debía hacerse “en billete”: dólares en efectivo. A cambio, las empresas obtenían autorizaciones exprés, acceso más rápido al mercado oficial de cambios y la posibilidad de importar en un contexto en el que muchas firmas quedaban trabadas durante semanas o meses.

En criollo: en un país sin dólares, con empresas desesperadas por importar insumos, medicamentos, repuestos o productos terminados, el acceso a una autorización estatal podía convertirse en una llave de oro. Y, según sospecha la Justicia, esa llave habría tenido precio.

La causa no solo golpea por los nombres, sino por el contexto. Las SIRA funcionaron durante el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, cuando la escasez de reservas obligaba al Estado a decidir quién accedía al dólar oficial y quién quedaba afuera. Ese poder administrativo, en medio de una economía intervenida, era enorme. Y donde hay discrecionalidad extrema, también suele aparecer la tentación del peaje.

El expediente habla de un esquema que habría movilizado al menos US$ 900 millones. La cifra, por sí sola, explica la magnitud del caso. En 2023, Argentina importó cerca de US$ 75.000 millones. Apenas una porción mínima de ese volumen podía representar una caja monumental. Un 1% de ese universo equivale a unos US$ 750 millones: una cifra capaz de financiar varias campañas nacionales.

La investigación apunta ahora a reconstruir quiénes pedían, quiénes pagaban, quiénes liberaban y quiénes recaudaban. En la mira aparecen intermediarios vinculados al mercado financiero y cambiario, empresarios, ex operadores y funcionarios que habrían tenido intervención en áreas clave del Estado.

Uno de los elementos que aceleró el avance judicial fue la pericia sobre el celular de Martín Migueles, señalado como ex socio del financista Elías Piccirillo. En ese dispositivo, según la investigación, se habrían encontrado chats, registros de movimientos de dinero y referencias a gestiones ante organismos oficiales.

El origen del caso se remonta a un pendrive aportado por un expolicía arrepentido. Allí habría audios y grabaciones que describen cómo se pactaban las coimas, quiénes actuaban como intermediarios y de qué manera se retiraban bolsos con divisas en cuevas de la City porteña.

Con el secreto de sumario ya levantado, la causa entra en una etapa más expuesta y más incómoda. Más de 30 allanamientos ya fueron ejecutados, y la Justicia ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los sospechosos. El objetivo es seguir la ruta del dinero: determinar si los dólares terminaron en manos de operadores privados o si parte de esos fondos llegó a los llamados “cajeros políticos” del anterior Gobierno.

La conexión estatal es el punto más delicado. La hipótesis judicial habla de una “connivencia necesaria” de funcionarios públicos. Bajo la lupa aparecen cinco funcionarios del Banco Central vinculados al área de Supervisión de Entidades No Financieras: Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García. La mayoría entregó sus teléfonos y claves a la Justicia, con excepción de García.

También figuran nombres del mundo financiero y cambiario, entre ellos Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles. Algunos de ellos ya estaban bajo observación por maniobras vinculadas al circuito informal del dólar, pero ahora la investigación intenta determinar si ese universo fue parte de una maquinaria mayor.

La sospecha central es brutal: que el sistema creado para administrar importaciones en medio de la falta de reservas pudo haber funcionado, al mismo tiempo, como un embudo de recaudación. Si la empresa no pasaba por determinados intermediarios, el trámite se frenaba. Si pagaba la comisión, la autorización avanzaba.

El caso también tiene una lectura política inevitable. Massa llegó al Ministerio de Economía con la promesa de ordenar el caos, administrar la escasez y sostener al Gobierno hasta las elecciones. Un año después fue candidato presidencial de Unión por la Patria, con el respaldo del kirchnerismo y de gobernadores como Alberto Rodríguez Saá en San Luis. Ahora, una investigación federal empieza a revisar uno de los engranajes más sensibles de aquella gestión: el reparto de dólares oficiales en un país sin dólares.

¿ALBERTO DICE AHORA QUE NO ES KIRCHNERISTA? pic.twitter.com/ozAApTg7u1

— El Diario de San Luis (@DiarioSanLuis) May 9, 2026

La defensa política seguramente intentará presentar el expediente como una operación. Pero la gravedad del caso no está en el ruido mediático, sino en la lógica que investiga la Justicia: si el Estado administraba un recurso escaso, y si acceder a ese recurso dependía de pagar retornos en efectivo, entonces no se trataba solo de corrupción. Se trataba de convertir una emergencia económica en una caja clandestina.

El levantamiento del secreto de sumario no implica condenas. Pero sí cambia el escenario. A partir de ahora, la causa deja de ser una sombra y empieza a mostrar documentos, nombres, chats, teléfonos, allanamientos y patrimonio bajo revisión.

El kirchnerismo ya carga con una historia pesada de causas por corrupción. La novedad es que esta investigación apunta a un período más reciente, al tramo final del gobierno del Frente de Todos, cuando el país atravesaba una crisis cambiaria profunda y las empresas dependían de la lapicera del Estado para poder importar.

Si la hipótesis judicial avanza, la causa SIRA puede transformarse en uno de los expedientes más incómodos para el último ciclo kirchnerista. Porque no habla de un exceso administrativo ni de una irregularidad menor. Habla de un presunto peaje en dólares, cobrado sobre la desesperación de empresas que necesitaban producir, importar y sobrevivir.

Y esa es la postal más cruda: mientras el país discutía la falta de reservas, la inflación y el cepo, la Justicia investiga si algunos habían encontrado el negocio perfecto en la escasez.