Alberto salió a defender a sus ex funcionarios y volvió a denunciar una persecución judicial
Alberto Rodríguez Saá volvió a hablar. Y cuando Alberto habla, rara vez lo hace solo para aclarar. Esta vez eligió un video breve, difundido por redes sociales y replicado por medios partidarios, para negar su participación en un encuentro político en el interior provincial. Pero en el mismo mensaje dejó una frase que buscó ordenar a los propios y marcar un enemigo: “Este señor Poggi persigue a nuestros compañeros utilizando la Justicia para eso”.
La acusación no fue casual. Llegó apenas días después de la imputación formal por enriquecimiento ilícito contra Nicolás Anzulovich, ex ministro de Desarrollo Social y ex director de Dosep durante su gestión. También apareció en un contexto mucho más amplio: una serie de expedientes judiciales que avanzan sobre ex funcionarios del último gobierno albertista por presuntos hechos de corrupción, administración fraudulenta, peculado, malversación y defraudación al Estado.
El ex gobernador eligió leer ese escenario como persecución política. Pero la foto completa es más incómoda para su espacio: no se trata de un funcionario aislado ni de una denuncia suelta. Es una fila cada vez más larga de nombres que ocuparon lugares centrales en el poder provincial y que hoy deben responder ante la Justicia.
Anzulovich es el último caso en sumarse a esa lista. Antes, Cintia Ramírez, ex secretaria de Deportes, fue condenada por negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. También Claudio Latini, ex ministro de Seguridad, fue hallado culpable por peculado. Ambos, además, continúan vinculados a investigaciones por presuntas maniobras de administración fraudulenta en áreas sensibles del Estado.
La lista no termina ahí. También aparecen bajo investigación nombres como Miguel Berardo, ex secretario General de la Gobernación; los ex ministros de Seguridad Luciano Anastasi y Ernesto “Pipi” Alí; los ex ministros de Producción Marcelo Amitrano y Sergio Freixes; y el ex secretario de Transporte Sebastián Anzulovich.
El mensaje de Alberto intenta convertir esos expedientes en una causa política. Busca instalar que no hay corrupción sino revancha; que no hay investigaciones sino persecución; que no hay funcionarios sospechados sino “compañeros” atacados por el Gobierno actual.
Ese recurso no es nuevo. Es parte de una defensa conocida en el peronismo kirchnerista: cuando la Justicia avanza, la respuesta política es denunciar lawfare, persecución y proscripción. La diferencia es que en San Luis esa explicación empieza a chocar con un dato difícil de esquivar: algunos ex funcionarios ya fueron condenados y otros enfrentan imputaciones formales.
El problema para Alberto no es solo judicial. Es político. Porque mientras intenta reconstruir centralidad dentro del PJ y habla de volver, el pasado de su administración vuelve una y otra vez en forma de expedientes, audiencias, imputaciones y condenas.
Ahí aparece la contradicción central. El ex gobernador quiere presentarse como conductor de una oposición ordenada frente a Poggi, pero al mismo tiempo debe cargar con el peso de un gabinete que dejó demasiadas causas abiertas. Quiere volver a hablar de futuro, pero sus ex funcionarios siguen obligándolo a discutir el pasado.
La frase contra Poggi también revela una estrategia defensiva: cerrar filas. Alberto no se desmarca de los investigados. Los abraza políticamente. Los llama “compañeros”. Los ubica dentro de una narrativa común. En lugar de tomar distancia, elige convertir las causas judiciales en una bandera de resistencia interna.
Es una jugada de alto riesgo. Puede servir para contener a la tropa propia, pero también puede recordarle a la sociedad por qué el albertismo perdió buena parte de su legitimidad. Porque la discusión ya no es solamente si hubo errores administrativos. La discusión es si durante el último ciclo de Rodríguez Saá el Estado fue usado como caja política, como refugio de lealtades y como maquinaria de impunidad.
Alberto acusa a Poggi de perseguir. Pero la Justicia no investiga discursos: investiga hechos, firmas, expedientes, patrimonios, contrataciones, transferencias y decisiones de gobierno. Y ese es el terreno donde el relato empieza a encontrar límites.
La pregunta de fondo no es si el ex gobernador intentará victimizar a los suyos. Eso ya empezó. La pregunta es si esa defensa alcanzará para tapar una realidad mucho más pesada: que una parte importante de su último gobierno está sentada, o camino a sentarse, frente a los tribunales.
En San Luis, el viejo poder vuelve a hablar de persecución.
Pero los expedientes hablan de otra cosa.
Hablan de funcionarios que administraron fondos públicos.
De áreas del Estado bajo sospecha.
De condenas.
De imputaciones.
Y de una historia que el albertismo quisiera presentar como revancha, pero que la Justicia empieza a escribir como rendición de cuentas.
