La Justicia confirmó la imputación contra Sergio Freixes por Pueblo Ranquel

El Tribunal de Impugnaciones de la Segunda Circunscripción Judicial confirmó la imputación contra Sergio Freixes por asociación ilícita y administración fraudulenta en la causa que investiga presuntas irregularidades en la administración del Municipio Pueblo Ranquel.

Los jueces rechazaron los planteos de nulidad presentados por la defensa y dejaron firme la resolución dictada el pasado 11 de mayo por la jueza de Garantía Natalia Pereyra Cardini, quien había avalado la formulación de cargos impulsada por la Fiscalía.

La decisión alcanza también a Sofía Aguilera, Arturo García Montani y Diego Lucero, quienes permanecen en libertad bajo medidas de coerción. Entre ellas, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de firmar el libro una vez por mes.

Freixes es el único de los imputados que se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, donde cumple una condena de seis años por otra causa judicial.

El tribunal integrado por María Bocca, Hernán Herrera y Marcelo Bustamante Marone consideró que estaban cumplidos los requisitos legales para sostener la acusación en esta etapa inicial del proceso.

Los magistrados concluyeron que existe una sospecha razonable sustentada en elementos periciales, documentales y contables, entre ellos pericias contables y registros bancarios incorporados a la investigación.

La causa apunta a determinar si, entre abril de 2020 y diciembre de 2023, se produjeron maniobras irregulares con fondos públicos destinados al Municipio Pueblo Ranquel. La Fiscalía sostiene que hubo transferencias a cuentas personales, pagos sin justificación y presuntos desvíos de dinero.

Según la investigación, el perjuicio económico rondaría el equivalente a un millón de dólares. También se analiza el posible uso de una empresa vinculada a Freixes para canalizar parte de los fondos investigados.

Durante el análisis del recurso, el Tribunal recordó que la formulación de cargos no constituye un juicio anticipado ni una valoración definitiva de la prueba, sino el inicio formal de la investigación penal preparatoria.

En ese sentido, sostuvo que la intervención en esta instancia debía limitarse a verificar si la acusación reunía los requisitos exigidos para avanzar, entre ellos la descripción de los hechos, la calificación legal y la existencia de una base razonable para sospechar la participación de los imputados.

Los jueces concluyeron que el Ministerio Público Fiscal describió de manera suficiente y circunstanciada la participación atribuida a cada una de las personas investigadas.

A partir de esta resolución, el fiscal Maximiliano Bazla Cassina podrá continuar con la producción de prueba pendiente, avanzar en la acusación formal y solicitar la audiencia de control de acusación, paso previo a una eventual elevación a juicio oral.

La causa aún tiene pendiente la formulación de cargos a Viviana Moreyra, esposa de Freixes, quien no había sido imputada en la audiencia anterior por encontrarse internada por un problema de salud.

Con la confirmación del Tribunal de Impugnaciones, el expediente ingresa en una etapa clave. La investigación buscará establecer si existió una estructura organizada para perjudicar al Estado y si los fondos públicos fueron utilizados en beneficio de los acusados y no del Pueblo Ranquel.