La ex intendenta de Fraga será imputada por facturas apócrifas y fondos públicos

La ex intendenta de Fraga, Antonella Gil, deberá presentarse este lunes a las 10:30 ante la Justicia para la audiencia de formulación de cargos en una causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante su gestión al frente del municipio.

La audiencia había sido reprogramada a pedido de su defensa, encabezada por el abogado Gustavo Reviglio, quien argumentó que tenía otras actividades judiciales fijadas para la misma fecha. El planteo fue aceptado por la jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, que dispuso una nueva fecha para el tratamiento del caso.

La investigación está a cargo de la fiscal N°6, Linda Maluf Martínez, y se originó en una denuncia presentada por Fiscalía de Estado el 1° de noviembre de 2024. La presentación surgió a partir de una auditoría sobre las rendiciones de cuentas del ejercicio 2022, en la que se detectaron inconsistencias en la documentación utilizada para justificar gastos realizados con fondos públicos.

Según la denuncia, las facturas observadas alcanzan un monto total de $15.997.310. Además, la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2022 fue presentada fuera de término, el 8 de mayo de 2023. La investigación se concentra especialmente en las rendiciones correspondientes al tercer y cuarto trimestre de ese año.

Gil finalizó su mandato el 10 de diciembre de 2023. Desde entonces, las actuaciones administrativas y judiciales avanzaron sobre la documentación respaldatoria presentada ante los organismos de control.

Las observaciones surgieron de un informe elaborado por el contador Marcos Liendo, quien intervino en la auditoría de las rendiciones municipales. Durante ese proceso se realizaron consultas directas a proveedores cuyos comprobantes habían sido incorporados por el municipio para respaldar distintas erogaciones.

De acuerdo con la presentación judicial, varias empresas negaron haber emitido las facturas y tickets incluidos en las rendiciones. Entre las firmas mencionadas figuran Ferretería Signos, Top Garden SRL, Electricidad Alsina SA, Jofer, Luis A. Carrizo y Cía SRL e Hierros La Quiaca SRL.

En algunos casos, los proveedores señalaron inconsistencias en domicilios, puntos de venta, numeración de comprobantes o registros contables. Top Garden SRL, por ejemplo, habría informado que los documentos consultados no fueron emitidos por la empresa y que la Municipalidad de Fraga no figuraba como cliente. Electricidad Alsina SA también desconoció una factura presentada con su membrete.

Durante la revisión del cuarto trimestre de 2022, las observaciones alcanzaron a otras firmas. Oxígeno Unión SA negó operaciones con el municipio y aclaró que no comercializa productos de corralón, pese a que esos artículos figuraban en los comprobantes presentados. También sostuvo que emite exclusivamente facturación electrónica.

La denuncia menciona además a Imperio Piedra Revestimiento, de Pablo Demergasso, que calificó los comprobantes consultados como fraudulentos y negó haber mantenido operaciones comerciales con la Municipalidad de Fraga. En la misma línea, Suplex SAS rechazó la autenticidad de la documentación y desconoció vínculos comerciales con el municipio.

Otro de los casos señalados corresponde a Jofer Sociedad de Hecho. Según consta en la presentación, la firma indicó que los tickets exhibidos habían sido emitidos por un controlador fiscal que no estaba asignado a la empresa y que, desde agosto de 2022, operaba bajo el régimen de factura electrónica.

La auditoría también habría detectado compras realizadas en distintas provincias sin los remitos correspondientes para acreditar la entrega de materiales. A ello se suma la presunta falta de registro en el Libro Caja de un ingreso en efectivo de $2,3 millones proveniente del cobro de un cheque cuyo beneficiario era la Municipalidad de Fraga.

Otro punto observado está vinculado a compras de indumentaria deportiva en el comercio Armando Sport. Según la denuncia, para justificar esas operaciones Gil habría presentado una resolución administrativa cuyo número ya había sido utilizado previamente para otro acto relacionado con un agasajo por el Día de los Jubilados.

Para Fiscalía de Estado, los elementos reunidos permitirían sostener que durante el tercer y cuarto trimestre de 2022 se habrían presentado facturas presuntamente apócrifas ante el Tribunal de Cuentas provincial para respaldar gastos públicos y rendiciones oficiales.

En la presentación se afirma que esa maniobra habría posibilitado la utilización irregular de fondos bajo administración municipal. Por ese motivo, el organismo solicitó la investigación penal de la ex jefa comunal.

La denuncia fue acompañada por documentación respaldatoria, respuestas de proveedores y pruebas testimoniales, entre ellas la del contador que realizó la auditoría. La calificación legal propuesta ubica los hechos, de manera provisoria, bajo las figuras de peculado y uso de documento falso, en concurso ideal y en concurso real por 40 hechos presuntamente cometidos.

La audiencia de este lunes será un paso clave para definir el avance formal de la causa. A partir de la formulación de cargos, la Justicia deberá establecer los alcances de la investigación, las medidas probatorias pendientes y la situación procesal de la ex intendenta.