viernes 9 de octubre de 2026

Narcotráfico

El condenado por el crimen de Fabio Bea cayó en una causa narco con destino a San Luis

Javier Ontiveros fue detenido en Mendoza junto a otro hombre domiciliado en San Luis. La Justicia federal los investiga por integrar una organización dedicada al transporte y distribución de cocaína de máxima pureza hacia distintas zonas de Cuyo.
Javier Ontiveros, condenado por el crimen de Fabio Bea
Javier Ontiveros, condenado por el crimen de Fabio Bea

Javier Ontiveros, condenado por el crimen de Fabio Bea en San Luis, volvió a quedar involucrado en una causa penal de alto impacto. Esta vez fue detenido en Mendoza, acusado de integrar una red dedicada al transporte, acopio y distribución de cocaína que, según la investigación federal, tenía a San Luis entre sus destinos de comercialización.

El operativo fue realizado por la Policía Contra el Narcotráfico de Mendoza y el Ministerio Público Fiscal Federal. La pesquisa terminó con seis detenidos, el secuestro de más de tres kilos de cocaína de máxima pureza, vehículos, teléfonos celulares, documentación y un arma de fuego.

Para los investigadores, Ontiveros y Diego Javier Lucero, también domiciliado en San Luis, habrían viajado especialmente a Mendoza para comprar droga y trasladarla luego a la provincia.

La causa se inició a partir de tareas de inteligencia sobre una finca ubicada en El Bermejo, Guaymallén. Allí, los efectivos detectaron un movimiento constante de vehículos que ingresaban y salían del predio durante pocos minutos, una dinámica que llamó la atención por su frecuencia y coordinación.

Con el avance de la investigación, aparecieron los nombres de tres hermanos mendocinos de origen boliviano: Héctor Alfredo, Néstor Fabián y Ángel Kevin Chabarría Laime. Según la hipótesis fiscal, ellos integraban el núcleo principal de una estructura que funcionaba como centro de acopio y distribución de cocaína.

Los seguimientos permitieron reconstruir movimientos de compradores que llegaban desde distintos puntos de Mendoza y también desde otras provincias. Entre esos destinos surgió San Luis, lo que reforzó la sospecha sobre una red con ramificaciones regionales.

Uno de los procedimientos clave ocurrió cuando los efectivos siguieron a Cristian David Pereira, quien había ingresado a uno de los domicilios vinculados a los Chabarría Laime. Al interceptarlo, encontraron cocaína oculta dentro del filtro de aire de su automóvil.

La droga llevaba el denominado “sello del delfín”, una marca asociada por los investigadores a cargamentos de alta pureza provenientes del norte argentino y con posibles vínculos con proveedores bolivianos.

Ese hallazgo aceleró el cierre de la investigación. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó una serie de procedimientos simultáneos que permitieron desarticular la presunta organización.

En ese contexto fueron detenidos Ontiveros y Lucero. Según las fuentes de la causa, ambos formaban parte de la cadena de distribución y habían llegado a Mendoza con el objetivo de adquirir cocaína para su posterior comercialización en San Luis.

Los allanamientos permitieron secuestrar 3,3 kilogramos de cocaína de máxima pureza, una pistola calibre 9 milímetros, teléfonos celulares, documentación de interés y varios vehículos que ahora serán peritados.

Durante la audiencia de imputación, el auxiliar fiscal Juan Manuel González reconstruyó los movimientos detectados durante meses de vigilancia y sostuvo que existía una estructura organizada, con roles diferenciados para almacenar, transportar y vender estupefacientes.

La acusación fue encuadrada en los delitos de tenencia, transporte y distribución de estupefacientes agravados por la participación organizada de tres o más personas.

El juez federal Marcelo Garnica ordenó la prisión preventiva para los seis detenidos mientras avanza la investigación.

Para Ontiveros, la detención representa un nuevo capítulo judicial de relevancia. Su nombre permanece asociado al asesinato del estudiante Fabio Bea, cometido en 1996, por el que fue condenado a 15 años de prisión.

Años después, también enfrentó denuncias vinculadas a presuntas amenazas, privación ilegítima de la libertad y torturas en el marco de un conflicto con empleados de una distribuidora de fiambres.

Ahora, la Justicia federal busca determinar cuál habría sido su rol dentro de esta presunta red narco y si San Luis funcionaba como uno de los mercados de destino de la cocaína secuestrada en Mendoza.