El condenado por difundir un video íntimo pidió la prisión domiciliaria y la víctima teme por su seguridad

La causa por violencia de género y difusión no consentida de material íntimo volvió a tener un nuevo capítulo judicial. Diego Oliveri, condenado a dos años y tres meses de prisión efectiva, solicitó acceder al beneficio de la prisión domiciliaria por problemas de salud, mientras que la víctima manifestó su oposición y expresó temor ante una eventual concesión del pedido.

La solicitud fue presentada por el defensor Federico Putelli, quien argumentó que Oliveri arrastra secuelas de un accidente cerebrovascular isquémico sufrido en 2019 y que requiere controles médicos especializados que, según sostuvo, no podrían garantizarse de la misma manera dentro del Complejo Penitenciario Pampa de las Salinas.

En la presentación, la defensa señaló que el condenado necesita un seguimiento médico permanente y que, ante una eventual urgencia, la distancia entre el establecimiento penitenciario y la ciudad de San Luis podría afectar la rapidez de la atención.

Asimismo, informó que solicitó la realización de pericias médicas forenses para evaluar el estado de salud del interno. Será la jueza de Ejecución en lo Penal, María Itatí Zudaire Carricaburu, quien analice la documentación presentada y determine cómo continuará el trámite.

En caso de considerar viable el planteo, la magistrada convocará a una audiencia en la que participarán tanto la víctima como su representante legal para exponer sus respectivas posiciones antes de resolver el pedido.

Por su parte, Gabriela Fernández Aberastain presentó un escrito en el que manifestó su rechazo a la prisión domiciliaria. Aseguró que su postura "no surge del odio ni de la venganza, sino de un miedo real y fundado", basado en los hechos que derivaron en la condena de su ex pareja.

La mujer recordó que en 2020 fue víctima de la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento, situación que, según expresó, tuvo profundas consecuencias emocionales, psicológicas y sociales.

"Aquello destruyó mi privacidad, mi tranquilidad, mi dignidad y mi sensación de seguridad. Durante años conviví con la angustia, la humillación y el dolor de sentir que mi vida había sido expuesta para dañarme, castigarme y ejercer poder sobre mí", sostuvo.

Fernández Aberastain afirmó que la condena le permitió recuperar cierta tranquilidad, pero que la posibilidad de que Oliveri cumpla la pena en su domicilio reactivó el temor por su seguridad y la de sus hijos. Incluso señaló que comenzó a evaluar nuevas medidas de protección ante esa eventualidad.

La querella también rechazó el planteo. El abogado Santiago Olivera Aguirre sostuvo que, a su criterio, el condenado no reúne los requisitos previstos por la legislación para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

El letrado remarcó que, hasta el momento, no existen informes médicos actuales que acrediten que el estado de salud de Oliveri no pueda ser atendido dentro del Servicio Penitenciario o que exista un riesgo concreto derivado de su permanencia en el establecimiento.

Ahora será la jueza de Ejecución quien deberá resolver si hace lugar o no al pedido, una decisión que deberá ponderar tanto los informes médicos que se incorporen al expediente como los derechos de la víctima y las garantías previstas por la legislación vigente.