La mega causa por estafas inmobiliarias suma más tiempo de investigación

La Justicia prorrogó por 131 días la investigación penal preparatoria y las medidas cautelares que pesan sobre Salvador Presti, uno de los imputados en la mega causa por presuntas estafas inmobiliarias que investiga maniobras de apropiación fraudulenta de inmuebles en distintos puntos de San Luis.

La resolución fue dictada por la jueza de Garantía N°4 de la Primera Circunscripción Judicial, Luciana Banó, a pedido del fiscal de Instrucción en lo Penal N°1, Francisco Assat, y de la fiscal adjunta Ornella Costa.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que aún restan producir medidas de prueba consideradas relevantes para el avance de la causa. Entre ellas, mencionó pericias caligráficas sobre boletos de compraventa, documentación vinculada a un juicio de escrituración y otros instrumentos relacionados con la maniobra atribuida al imputado.

Según la hipótesis fiscal, Presti habría intervenido en una de las operaciones investigadas, vinculada con la presunta apropiación ilegítima de un inmueble rural de gran extensión ubicado en la zona de Vallecitos.

El imputado fue la última persona incorporada formalmente a la investigación mediante formulación de cargos, por lo que los plazos procesales que lo alcanzan no coincidían con los del resto de los acusados.

En ese marco, la Fiscalía solicitó extender la investigación por 131 días para unificar el vencimiento con el resto de los imputados, previsto para el 8 de noviembre de 2026.

Assat explicó que ese plazo permitirá concluir las pericias pendientes y reunir los elementos probatorios necesarios para determinar si corresponde clausurar la investigación y solicitar la elevación de la causa a juicio.

El fiscal también pidió mantener las medidas cautelares vigentes contra Presti: la obligación de firmar mensualmente el libro de imputados, la prohibición de salir de la provincia y la inhibición general de bienes.

Durante la audiencia, la jueza advirtió que la normativa aplicable establece un plazo mínimo de 180 días para la inscripción de la inhibición general de bienes. Ante esa observación, la Fiscalía adecuó su planteo.

La querella y Fiscalía de Estado adhirieron al pedido del Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa de Presti no formuló oposición.

Finalmente, Banó hizo lugar a la solicitud y prorrogó por 131 días la investigación penal preparatoria, la obligación de firma mensual y la prohibición de salida de la provincia. En cuanto a la inhibición general de bienes, dispuso mantenerla por 180 días, conforme a la normativa vigente.

De la audiencia participaron también los abogados querellantes Maximiliano y Sebastián Pipitone, el representante de Fiscalía de Estado, Juan Ignacio Trusendi, y el defensor de Presti, Maximiliano Del Signore.

La mega causa investiga un presunto entramado delictivo dedicado a la apropiación ilegítima de inmuebles mediante documentación falsa, domicilios simulados y acciones judiciales que habrían permitido transferir bienes sin conocimiento de sus verdaderos titulares.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, se trataría de una organización sostenida en el tiempo, con roles distribuidos entre sus integrantes según las necesidades de cada operación.

Las maniobras habrían incluido la confección de contratos, certificaciones notariales o constancias administrativas falsas, que luego eran utilizadas para iniciar procesos judiciales orientados a obtener sentencias favorables.

Uno de los puntos centrales de la investigación es el uso de domicilios falsos o controlados, una práctica que habría impedido notificar a los verdaderos propietarios. Esa situación facilitaba la declaración de rebeldía y permitía que las causas avanzaran sin oposición.

Luego, según la acusación, los inmuebles terminaban inscriptos a nombre de los imputados en el Registro de la Propiedad.

La Fiscalía sostiene que el perjuicio económico sería de gran magnitud y que la causa, iniciada hace más de tres años, mantiene un alto nivel de complejidad por la cantidad de personas involucradas, la diversidad de maniobras y el volumen de documentación bajo análisis.

Con la prórroga otorgada, el Ministerio Público Fiscal buscará completar las pruebas pendientes antes de definir el próximo paso procesal en una investigación que podría derivar en un pedido de elevación a juicio.