domingo 6 de septiembre de 2026

Justicia

La Justicia rechazó el sobreseimiento por la usurpación del campo El Caburé

El juez Santiago Ortiz mantuvo la restitución provisoria del inmueble al Estado provincial y rechazó cerrar la causa contra el empresario Daniel Ingaramo y el abogado Alejandro Viano. La defensa apeló la resolución.
La Justicia rechazó el sobreseimiento de un abogado y un empresario imputados
La Justicia rechazó el sobreseimiento de un abogado y un empresario imputados

La Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por el empresario Daniel Ingaramo y el abogado Alejandro Viano, imputados por la presunta usurpación del establecimiento rural El Caburé, un campo de 1.997 hectáreas perteneciente al Estado provincial.

El juez de Garantía Santiago Ortiz también ratificó la vigencia de la restitución provisoria del inmueble al Gobierno de San Luis, medida que había dispuesto en 2025, cuando se formularon cargos contra ambos acusados.

La resolución se conoció este miércoles durante una audiencia realizada en los Tribunales de Villa Mercedes. Allí, las defensas solicitaron recuperar la posesión del establecimiento y poner fin a la investigación penal.

Viano fundamentó el planteo en una resolución del Juzgado Civil N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial, que admitió una acción posesoria para recuperar el inmueble. A partir de ese fallo, sostuvo que ya no existían elementos para mantener la medida de restitución.

El Ministerio Público Fiscal se opuso. El fiscal José Olguín afirmó que la investigación busca determinar si los imputados utilizaron la fuerza, la violencia o el abuso de confianza para ocupar el campo, más allá de las decisiones adoptadas en el fuero civil.

El representante de Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, acompañó esa postura y remarcó que la resolución civil invocada por la defensa todavía no se encuentra firme. También señaló que las actuaciones civiles y penales analizan hechos y responsabilidades diferentes.

Tras un cuarto intermedio, Ortiz concluyó que no correspondía modificar la situación actual del inmueble. El magistrado consideró que alterar la posesión antes de que exista una sentencia civil firme podría afectar el desarrollo de la investigación.

“Ante la falta de firmeza del fallo civil y el riesgo procesal que reviste la alteración del statu quo, corresponde rechazar el pedido defensivo y ratificar la vigencia cautelar decretada”, expresó en su resolución.

El juez también rechazó el sobreseimiento porque la causa continúa en la etapa de investigación penal preparatoria. Según explicó, la Fiscalía todavía debe completar medidas destinadas a determinar si existió el delito de usurpación y cuál fue la participación de cada imputado.

Ortiz sostuvo que cerrar el expediente en este momento podría impedir el esclarecimiento del hecho. Además, ordenó que las partes soliciten una audiencia para avanzar hacia la etapa intermedia del proceso.

La ocupación investigada

Ingaramo, presidente de la empresa San Jorge Cereales, y Viano fueron imputados el 26 de junio de 2025 por el delito de usurpación mediante abuso de confianza. En esa oportunidad, el juez ordenó el desalojo y la restitución provisoria del establecimiento al Estado provincial.

El hecho investigado ocurrió el 26 de diciembre de 2024, durante una constatación judicial vinculada con otro expediente. Según la Fiscalía, los acusados ingresaron al campo, colocaron un candado y permanecieron en el lugar sin contar con un título que legitimara la ocupación.

La acusación sostiene que ambos comunicaron que entregarían una copia de la llave al juzgado interviniente, pero se quedaron en el establecimiento e incluso habrían introducido animales en el predio.

El campo está ubicado sobre la Ruta Provincial N° 27, a la altura del kilómetro 144. Las tierras habían sido adjudicadas a la firma El Caburé para desarrollar un proyecto agropecuario, pero el beneficio fue revocado en 2017 por incumplimientos contractuales.

Para el Ministerio Público Fiscal, las acciones realizadas en diciembre de 2024 constituyeron un despojo contra el Gobierno provincial. Por esa razón, solicitó mantener la restitución hasta que la investigación determine cómo se produjo la ocupación.

Luego de conocerse la decisión, Viano presentó un recurso de apelación. La discusión continuará ahora ante una instancia superior, mientras la causa penal avanza hacia la definición de una eventual acusación y juicio.