La Justicia desestimó las denuncias contra Álvarez Pinto y Leonardo Rodríguez

La Justicia desestimó las denuncias penales presentadas contra el intendente de Merlo en uso de licencia, Juan Álvarez Pinto, y quien lo reemplazó de manera interina, Leonardo Rodríguez, al concluir que los hechos investigados no configuraron delitos.

La decisión fue adoptada por la Unidad de Abordaje Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial y lleva la firma del fiscal de Instrucción Marcelo Gabriel Saldaño.

La resolución dispuso la desestimación de las actuaciones y ordenó que el expediente sea archivado una vez que la medida quede firme.

Las denuncias habían sido impulsadas por concejales de la oposición. Sostenían que Rodríguez habría incurrido en usurpación de títulos y honores, mientras que Álvarez Pinto habría cometido incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tras analizar la normativa vigente, la documentación del Concejo Deliberante y el funcionamiento institucional del Municipio, el Ministerio Público Fiscal entendió que el planteo no tenía relevancia penal.

Según el dictamen, la controversia se originó en una diferencia de interpretación sobre el alcance temporal de la licencia otorgada al intendente y la continuidad de su reemplazo institucional.

El fiscal señaló que las normas aplicables no establecían con suficiente claridad hasta qué momento se extendía la licencia. Esa situación llevó al Concejo Deliberante a dictar posteriormente una resolución aclaratoria.

En ese contexto, Saldaño concluyó que no existió una violación manifiesta de un deber legal ni se reunieron los elementos necesarios para sostener los delitos atribuidos.

Respecto de Leonardo Rodríguez, la resolución indicó que no había elementos para afirmar que hubiera permanecido deliberadamente en el cargo con conocimiento de que carecía de legitimidad para ejercerlo.

Para el Ministerio Público Fiscal, esa intención era indispensable para configurar el delito de usurpación de títulos y honores denunciado por los concejales.

El pronunciamiento ubicó la discusión dentro del ámbito administrativo y político del Concejo Deliberante, y descartó que correspondiera resolverla mediante una investigación penal.

La desestimación cierra el avance de la causa contra ambos dirigentes y deja establecido que, según la evaluación fiscal, las conductas denunciadas no superaron el terreno de la controversia institucional.