Dictaron la prisión preventiva para Anabela Lucero por la causa del Molino Fénix

La Justicia de San Luis dictó este lunes la prisión preventiva para la exdiputada Anabela Lucero, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la administración del Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

La medida fue adoptada después de una audiencia que se extendió durante siete horas y en la que el Ministerio Público Fiscal amplió la acusación contra Lucero y otros involucrados. La decisión alcanzó también a Enzo Lucero y Exequiel Scarel, quienes fueron trasladados al Servicio Penitenciario.

La situación del diputado provincial Joaquín Beltrán, pareja de Anabela Lucero y exadministrador del Molino Fénix, es diferente debido a que mantiene fueros parlamentarios. La Fiscalía y Fiscalía de Estado solicitaron su desafuero para poder hacer efectiva la medida de coerción. El pedido será remitido a la Cámara de Diputados y está previsto que ingrese este miércoles.

En esta nueva etapa de la causa, la Fiscalía incorporó tres figuras penales a la investigación: asociación ilícita, fraude a la administración pública y destrucción de objetos destinados a servir como prueba. La acusación se suma a los delitos que ya pesaban sobre algunos de los involucrados.

La investigación se inició por presuntas irregularidades vinculadas con el manejo de bienes y fondos públicos del complejo estatal. Lucero y Beltrán habían sido imputados anteriormente por peculado, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el expediente dejó de centrarse en hechos aislados y comenzó a analizar la posible existencia de un esquema organizado. Entre las evidencias incorporadas durante la investigación figuran pericias sobre teléfonos, registros de cámaras de seguridad e informes contables.

La causa también investiga el presunto retiro de muebles, computadoras y otros elementos del Molino Fénix y de la Casa de la Música, además de posibles usos particulares de bienes y servicios pertenecientes al Estado. La Fiscalía sostiene que parte de estas maniobras se habría producido antes del cambio de gobierno de diciembre de 2023.

Otro de los puntos bajo investigación está relacionado con documentación que habría desaparecido de las instalaciones del complejo. Los investigadores analizan además un circuito de utilización de vehículos, combustible y otros recursos públicos que, según la acusación, podrían haber sido destinados a fines particulares o partidarios.

Mientras avanza la investigación, Diego Torres, el quinto imputado en el expediente, permanecerá en libertad, aunque deberá cumplir nuevas reglas de conducta. En el caso de Beltrán, la Cámara de Diputados tendrá ahora un papel determinante para definir si puede avanzar la medida solicitada por la Justicia.

La decisión marca un nuevo capítulo en una de las causas de corrupción más relevantes de San Luis y eleva la tensión política alrededor de dirigentes vinculados con la anterior administración provincial. El proceso continuará con nuevas medidas judiciales mientras la Fiscalía busca determinar el alcance de las presuntas maniobras y el eventual perjuicio ocasionado al Estado.