El escándalo del Molino Fénix sacude al kirchnerismo de San Luis y complica a uno de sus diputados

Durante años, el kirchnerismo construyó buena parte de su identidad alrededor de una idea bastante simple: ellos defendían al Estado y los otros venían a saquearlo.

En San Luis, esa frase empieza a sonar incómoda.

La causa Molino Fénix tiene hoy a Anabela Lucero con prisión preventiva, a su pareja y actual diputado provincial Joaquín Beltrán alcanzado por un pedido de desafuero y a otros imputados bajo investigación por una trama que la Fiscalía encuadra provisoriamente como asociación ilícita, administración fraudulenta y ocultamiento o destrucción de evidencia.

El perjuicio estimado ya supera los $900 millones.

Pero el problema político no está solamente en la cifra.

Está en los nombres.

Porque Lucero y Beltrán no aparecieron ayer en la política puntana. No son dos desconocidos que tuvieron la mala suerte de quedar atrapados en una causa judicial. Fueron parte de un sistema de poder, ocuparon cargos, administraron estructuras estatales, integraron listas electorales y fueron promovidos durante años por el mismo espacio que hoy intenta mirar el expediente desde lejos.

Ahí empieza la incomodidad.

Lucero fue administradora del Molino Fénix. Fue diputada. Fue candidata a intendenta de Villa Mercedes. Fue candidata al Parlasur dentro de un armado electoral que acompañó al peronismo nacional y a Unión por la Patria.

Beltrán, en tanto, sigue sentado en una banca de la Legislatura provincial.

Es decir, uno de los protagonistas de la causa no pertenece al pasado.

Pertenece al presente.

Y ahí está el verdadero problema.

Porque mientras Lucero ya está detenida, la política deberá decidir qué hace con un diputado sobre el que pesa un pedido de desafuero.

La Justicia puede tomarse meses o años para determinar responsabilidades penales. La política no tiene ese lujo.

Tiene que decidir ahora.

Y el kirchnerismo de San Luis tendrá que elegir entre dos caminos: despegarse de quienes durante años fueron parte de su estructura o abrazar el argumento de la persecución política y asumir el costo completo de esa defensa.

No hay demasiados grises.

La causa, además, contiene un elemento que vuelve todo más incómodo para quienes durante años hablaron de militancia, compromiso social y defensa de lo público.

La Fiscalía investiga si recursos del Molino Fénix terminaron utilizados para actividades políticas y electorales.

Entre los elementos incorporados aparecen contrataciones cuestionadas, cheques observados, servicios y bienes públicos que habrían sido utilizados durante una campaña electoral y documentación cuya destrucción también quedó bajo investigación.

Si esa hipótesis se acredita, la discusión dejará de ser solamente sobre corrupción administrativa.

Será sobre algo mucho más conocido en la política argentina: usar el Estado para construir poder político.

Y ahí la ironía se vuelve inevitable.

Porque el espacio que durante años denunció al liberalismo por querer destruir al Estado tendrá que explicar ahora por qué algunos de sus propios dirigentes están siendo investigados precisamente por lo que habrían hecho con ese Estado que dicen defender.

El kirchnerismo suele ser muy severo cuando los acusados están enfrente.

Cuando están adentro, aparece rápidamente el diccionario de emergencia: persecución, lawfare, operación política, jueces funcionales, fiscales militantes.

Puede que alguna de esas discusiones exista. La defensa tiene derecho a plantearlas y deberá probarlas.

Pero hay algo que ningún discurso judicial puede borrar: la trayectoria política.

Lucero fue parte del poder.

Beltrán es parte del poder.

Y el sector político al que pertenecieron los sostuvo, los promovió y les dio espacio electoral.

No hace falta condenarlos antes de tiempo para señalar esa responsabilidad.

La responsabilidad penal es individual.

La responsabilidad política, no.

Esa se comparte.

Se comparte cuando se designa a alguien.

Se comparte cuando se lo convierte en candidato.

Se comparte cuando se lo sostiene frente a las primeras denuncias.

Y se comparte también cuando, una vez que el expediente crece, todos empiezan a actuar como si apenas lo conocieran.

La causa Molino Fénix tiene otro elemento que el kirchnerismo puntano preferiría no discutir demasiado: Joaquín Beltrán es diputado provincial.

El pedido de desafuero convierte al expediente en una discusión institucional.

Ya no alcanza con emitir comunicados.

Habrá que votar.

Y cada mano levantada o escondida en la Legislatura tendrá un significado político.

El desafío para el espacio será enorme.

Porque si bloquea el desafuero, quedará expuesto a la acusación de proteger a uno de los suyos.

Si lo habilita, permitirá que la Justicia avance sobre un legislador que integra su propio universo político.

Son esas situaciones en las que los discursos sobre transparencia dejan de ser gratuitos.

Empiezan a costar.

Durante años, el peronismo kirchnerista de San Luis convirtió la crítica a Javier Milei y al actual Gobierno provincial en una cuestión moral. Hablaron de ajuste, insensibilidad, entrega, negocios y abandono del Estado.

Perfecto.

La oposición tiene derecho a hacerlo.

Pero la autoridad moral también se administra.

Y una fuerza política que pretende señalar permanentemente con el dedo hacia afuera tiene la obligación de explicar qué hace cuando el problema aparece adentro.

Ese es el verdadero daño que provoca Molino Fénix.

No son solamente los más de $900 millones que calcula hoy la Fiscalía.

Es la destrucción de un relato.

Porque una cosa es hablar de corrupción desde una tribuna.

Otra muy distinta es hacerlo cuando una dirigente propia está detenida, un diputado propio puede perder los fueros y una investigación judicial empieza a reconstruir cómo se manejaban recursos públicos bajo una gestión políticamente cercana.

La Justicia dirá finalmente si hubo delito y quiénes fueron responsables.

Pero políticamente hay algo que ya ocurrió.

El kirchnerismo puntano perdió la comodidad de señalar siempre hacia afuera.

Ahora tiene que mirarse al espejo.