La Fiscalía pidió imputar al exjuez Saá Petrino por fondos del Colegio de Magistrados

La investigación por el manejo de los fondos del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de San Luis avanzó con un pedido formal de imputación contra el exjuez y expresidente de la institución, Hugo Saá Petrino.

El fiscal de Instrucción N° 3, José Olguín, solicitó al Juzgado de Garantía N° 3 que fije una audiencia para formular cargos contra Saá Petrino como presunto autor del delito de administración fraudulenta. El requerimiento fue presentado el 20 de agosto ante la jueza Natalia Pereyra Cardini.

La Fiscalía también pidió formular cargos, en carácter de partícipes del mismo delito, contra María Fernanda Del Cerro, cuñada de Saá Petrino, y Marcelo José Senatore Pecchini, esposo de la funcionaria judicial.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2025 y tomó impulso después de que la nueva conducción del Colegio de Magistrados encargara una auditoría externa para determinar qué había ocurrido con los recursos de la institución.

Un faltante de más de $5 millones

El informe contable analizó los movimientos registrados entre noviembre de 2022 y octubre de 2025 en las cuentas del Colegio en los bancos Supervielle y Santander.

Durante ese período, la entidad tuvo recursos disponibles por $77.232.702,20 y registró egresos por $70.901.630,39. La auditoría estableció inicialmente una diferencia de $6.831.071,81 y, luego de descontar el saldo bancario existente, determinó un monto de $5.396.884,58 sin justificar.

Pero el análisis no se limitó al faltante. También detectó transferencias desde las cuentas del Colegio hacia cuentas personales de Saá Petrino y personas de su entorno familiar.

Entre los movimientos aparecen operaciones hacia Del Cerro y transacciones vinculadas con Maskotas SRL, una veterinaria relacionada con Senatore. También fueron detectadas transferencias hacia la cuenta de la esposa del exjuez y pagos de productos o servicios realizados directamente con fondos de la entidad.

Otro aspecto que llamó la atención de los auditores fue que, a partir de marzo de 2024, Saá Petrino comenzó a transferir dinero propio hacia las cuentas del Colegio.

Entre marzo de 2024 y octubre de 2025 ingresaron $121.383.837,90, de los cuales $110.499.940,17 fueron transferidos por el propio exmagistrado. También se registraron aportes de personas y empresas relacionadas con su entorno.

La veterinaria Maskotas SRL, por ejemplo, transfirió $5.200.897,73 al Colegio. El informe también registró un ingreso de $3.900.000 proveniente del fideicomiso La Candela.

Para la investigación, estos movimientos forman parte del análisis que busca determinar cómo se administraron los recursos de la institución y cuál fue el destino de los fondos durante la gestión de Saá Petrino.

La auditoría también puso el foco en la emisión de cheques. El informe determinó que durante el período analizado fueron rechazados 58 cheques.

De ese total, 54 cheques, por $48.087.671,96, fueron rechazados por falta de fondos, mientras que otros cuatro, por $3.181.477,27, tuvieron inconvenientes de carácter técnico. Además, el Banco Santander afrontó 22 cheques pese a que la cuenta no contaba con fondos suficientes, por un total de $1.127.676,24.

Los problemas financieros habían comenzado a generar preocupación dentro del Colegio hacia fines de 2024 y terminaron provocando una crisis institucional. Saá Petrino fue apartado de la presidencia y posteriormente la nueva conducción se presentó como querellante en la causa.

El pedido de la Fiscalía constituye ahora un nuevo paso en la investigación. La eventual audiencia de formulación de cargos permitirá que el Ministerio Público exponga formalmente su hipótesis y los elementos que, a su criterio, vinculan a los tres acusados con el presunto delito.

Hasta el momento se trata de una acusación en etapa de investigación y no de una condena. La Justicia deberá determinar, a partir de las pruebas incorporadas al expediente y de las explicaciones que puedan brindar los involucrados, si existió una administración fraudulenta y cuáles fueron las responsabilidades individuales.

El expediente vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos de una institución que reúne a integrantes de la Justicia provincial y que atravesó una fuerte crisis interna por su situación financiera. El próximo paso será la definición de la audiencia solicitada por la Fiscalía y el avance de las medidas destinadas a esclarecer el destino de los fondos.