Cayeron por vender una “110” en WhatsApp: les fijan restricciones por 4 meses

La Fiscalía Adjunta N° 4 de San Luis, a cargo de Antonella Romagnoli, imputó este jueves a dos jóvenes de 20 años por un hecho ocurrido el 28 de octubre al mediodía: la sustracción de una Corvette Energy 110 cc azul en el barrio Ignacio Vidal y su posterior oferta de venta por WhatsApp.

Según la investigación, el hijo de la víctima detectó en un grupo cerrado (“Colgando-SL”) la publicación de “partes de una 110 nueva”. A partir de las pericias, se vinculó el número utilizado para la oferta con una billetera virtual a nombre de Gabriel Molina Suárez, quien fue ubicado junto a su pareja en un domicilio de la ciudad.

Con ese rastro, un conocido del denunciante pactó la compra por $250.000 con un encuentro en el barrio 1° de Mayo, zona de la plaza. En simultáneo, personal de Investigaciones patrulló la colectora norte de la Ruta 147, a la altura de avenida Franco Pastore, donde observaron dos motocicletas: una azul —con las características del rodado sustraído— y otra roja con un hombre y una mujer.

Ante la voz de alto, ambos emprendieron la fuga y se inició una persecución que terminó con la interceptación de los rodados y la detención de sus ocupantes. La víctima reconoció su moto, sin chapa patente ni espejos y con el tambor de arranque dañado.

Para la fiscal, las denuncias, actas policiales, capturas de pantalla, testimonios e informes periciales permiten sostener que Molina Suárez y Fabián Funes actuaron en conjunto. Por ello, el Ministerio Público Fiscal les atribuyó resistencia a la autoridad (art. 239 CP, en concurso de coautores, art. 45), y a Molina Suárez además encubrimiento con ánimo de lucro (art. 277 inc. 3º b).

“La operatoria combinó redes sociales, un punto de entrega y fuga ante presencia policial; la evidencia reúne trazabilidad digital y reconocimiento del bien”, expuso Romagnoli durante la audiencia.

Como medidas de coerción, la Fiscalía requirió que ambos firmen el libro de control del 1 al 10 de cada mes por cuatro meses, la prohibición de salir de la provincia y una restricción de acercamiento y contacto con la denunciante y su familia por 120 días. La Defensora Oficial, Stefania Cifuentes, no objetó el pedido. La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, hizo lugar a las medidas por cuatro meses.

Quedaron diligencias en curso: análisis de cámaras de seguridad, pericia sobre los teléfonos secuestrados y relevamiento de comunicaciones de los imputados. Ambos se abstuvieron de declar