San Luis, Mendoza y San Juan coordinarán acciones conjuntas contra el delito

La Cámara de Diputados dio fuerza de ley al convenio de colaboración en materia de seguridad regional firmado el 31 de mayo de 2024 por los gobernadores de San Luis, Claudio Poggi; de Mendoza, Alfredo Cornejo; y de San Juan, Marcelo Orrego.

La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, establece un nuevo esquema de cooperación interjurisdiccional, intercambio de información y coordinación operativa, destinado a fortalecer la seguridad pública frente a problemáticas que exceden los límites provinciales.

Durante el tratamiento legislativo, la diputada de Ahora San Luis, Gabriela Mancilla, actuó como miembro informante y remarcó que este acuerdo “es una clara respuesta a esta política concreta que tiene nuestro Gobierno sobre la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico”.

“Se trata de una colaboración para optimizar recursos y, sobre todo, para que las tres provincias trabajen de manera mancomunada, como ya lo vienen haciendo”, señaló la legisladora, quien además recordó que el convenio fue firmado en 2024 y, desde entonces, se han desarrollado diversas reuniones a nivel nacional y regional entre autoridades de seguridad.

Mancilla también subrayó que esta herramienta se enmarca en una política nacional que impulsa la regionalización de la seguridad, con la creación de mecanismos coordinados entre provincias.

Los 10 puntos centrales del convenio

El acuerdo establece una serie de ejes estratégicos para combatir el delito de manera articulada:

• Colaboración regional: reconoce la necesidad de cooperación entre provincias limítrofes para enfrentar las problemáticas de seguridad que afectan a toda la región.

• Coordinación interinstitucional: impulsa mecanismos de articulación entre autoridades locales, provinciales y nacionales, en línea con la política del Ministerio de Seguridad de la Nación.

• Enfoque integral: combina medidas de prevención, disuasión, persecución y represión para reducir los índices de inseguridad a largo plazo.

• Coordinación operativa: promueve la creación de puestos de control unificados y operativos conjuntos para evitar duplicidad y mejorar la respuesta ante delitos interprovinciales.

• Interoperabilidad tecnológica: vincula cámaras de vigilancia ubicadas en los límites jurisdiccionales, facilitando el intercambio de información y la detección temprana.

• Intercambio de inteligencia: crea un sistema para identificar patrones delictivos, compartir datos sobre organizaciones criminales y coordinar acciones conjuntas.

• Análisis de amenazas comunes: involucra el monitoreo de problemáticas como el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia transfronteriza.

• Investigación en conjunto: compromete a las provincias a trabajar juntas en investigaciones de relevancia regional.

• Acceso a la información: garantiza el intercambio de datos clave para diseñar políticas públicas de seguridad basadas en evidencia.

• Articulación con organismos judiciales: establece la coordinación con fiscales y órganos judiciales para fortalecer la respuesta legal y operativa contra el delito.