Un sindicato denunció que un supermercado usa empleados como seguridad sin habilitación

La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra) denunció públicamente a la cadena de supermercados Aiello por la contratación de empleados bajo el convenio de comercio para cumplir funciones de vigilancia sin estar encuadrados en una empresa de seguridad habilitada.

El delegado regional de Cuyo, Isaías Miranda, sostuvo que el gremio realizará “todas las presentaciones legales correspondientes” y afirmó que el conflicto se arrastra desde diciembre, cuando comenzaron los reclamos formales contra la compañía.

Según explicó, la discusión se abrió por la presencia de una firma de seguridad que, de acuerdo con Upsra, no estaba habilitada, lo que motivó actas y requerimientos administrativos. “En la primera audiencia le hicimos los requerimientos de las habilitaciones correspondientes, como un director técnico responsable, un local comercial y todo lo que conlleva a una empresa del rubro para que funcione”, señaló.

En una segunda audiencia, a fines del mismo mes, el gremio aseguró que no se alcanzó un acuerdo. Miranda indicó que Aiello tomó la decisión de “absorber al personal” y argumentó que no tenía obligación de contratar una empresa externa. También aseguró que, según la postura empresarial, esos trabajadores serían reubicados en tareas de reposición, caja o administrativas.

Sin embargo, Upsra afirmó que las inspecciones posteriores mostraron un cuadro distinto: “Siguen cumpliendo funciones en los ingresos, controlando cámaras y bolsos”, enumeró Miranda, quien sostuvo que se trata de tareas propias de seguridad privada y que el encuadre en comercio implica una diferencia salarial significativa.

El dirigente indicó que habría alrededor de 30 personas en esa situación. Como comparación, precisó que un trabajador encuadrado en comercio “hoy seguramente está cobrando menos de $800 mil”, mientras que un vigilador privado sin antigüedad “se ha ido de bolsillo a casi $1.500.000”, planteó.

Más allá del impacto laboral, el gremio sumó un argumento operativo: en un local comercial, sostuvo, “tiene que haber un vigilador con las habilitaciones correspondientes”, no solo por la función preventiva ante robos o incidentes, sino también por los seguros y responsabilidades que se activan ante un siniestro. “El personal que debe realizar las actuaciones o las prevenciones correspondientes tiene que ser competente”, remarcó.

El conflicto ahora queda en un doble carril: por un lado, las presentaciones legales que anunció el sindicato; por el otro, la expectativa de que haya definiciones administrativas sobre habilitaciones y encuadres. En el medio, la denuncia vuelve a poner bajo la lupa una tensión frecuente en comercios de alta circulación: quién controla la seguridad, con qué habilitación y bajo qué condiciones laborales.