El Senado dio media sanción a la reforma laboral y estos son los cambios que propone

Tras un debate extenso, el Senado aprobó este miércoles la media sanción de la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei. El resultado fue 42 votos afirmativos y 30 negativos, un número que el oficialismo exhibió como una victoria política en el arranque del año legislativo. El texto, con cambios respecto de versiones previas, quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados, donde el Gobierno busca sostener el apoyo alcanzado en la Cámara alta.

El proyecto se apoya en tres ejes que el Ejecutivo repite como argumento central: reducir la litigiosidad, incentivar la formalización del empleo y “modernizar” reglas de contratación. En la discusión pública, el debate tomó temperatura por el alcance de las modificaciones en despidos, jornada, licencias y el rol de los convenios colectivos, además del impacto potencial sobre el financiamiento previsional.

Uno de los puntos más sensibles es el rediseño del sistema de indemnizaciones y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según el articulado difundido, se financiaría con un aporte mensual del empleador: 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes, con administración bajo órbita de la Comisión Nacional de Valores. Los críticos advierten que el esquema reemplaza ingresos que hoy van al sistema previsional y abarata el despido trasladando el costo a un fondo.

En materia de licencias por enfermedad y accidentes, el texto modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. De acuerdo con explicaciones públicas del ministro Federico Sturzenegger, el proyecto establece que, ante enfermedad, el empleador pagaría el 75% del salario (y no el 100% como hasta ahora), y que en ciertos accidentes ajenos al trabajo el pago podría bajar al 50%, con el objetivo declarado de “reducir abusos” y licencias prolongadas.

También se introducen cambios en vacaciones: el empleador deberá otorgarlas dentro de un período determinado y, además, se habilita el fraccionamiento por acuerdo entre partes, con tramos mínimos. El proyecto, además, incorpora figuras como “banco de horas” y abre la puerta a esquemas de compensación, en línea con una mayor flexibilidad de organización del tiempo laboral.

En el capítulo de jornada laboral, la reforma prevé la posibilidad de extenderla hasta 12 horas diarias, siempre respetando descansos mínimos entre turnos, bajo el argumento de permitir esquemas de compensación. Este punto concentró parte del rechazo sindical y opositor, que cuestiona su impacto en condiciones de trabajo y negociación en sectores con menor poder de fuego.

Otra discusión de alto voltaje aparece en el derecho de huelga y los “servicios mínimos”. El proyecto fija porcentajes obligatorios de funcionamiento en medidas de fuerza: hasta 75% en servicios considerados esenciales y 50% en los calificados como trascendentales, además de nuevas obligaciones formales para la comunicación de paros y asambleas.

En paralelo, la norma impulsa cambios en negociación colectiva: se busca que el convenio de empresa pueda prevalecer sobre acuerdos de alcance regional o nacional, una idea que el oficialismo presentó como “federalización” del trabajo, mientras que la oposición lo describe como una fragmentación que debilita el poder de los sindicatos y empuja condiciones dispares según territorio y tamaño de empleador.

Con el proyecto ya aprobado en el Senado, el debate se traslada a Diputados con final abierto. El Gobierno apuesta a sostener la mayoría y la oposición anticipa una ofensiva parlamentaria y judicial si se confirman artículos que, a su criterio, vulneran derechos adquiridos. Mientras tanto, en la calle, el trámite legislativo ya mostró tensión social con movilizaciones y choques durante la sesión.