lunes 14 de septiembre de 2026

Minería

Diputados convirtió en ley la reforma de Glaciares y abrió una fuerte disputa ambiental

Tras una sesión de más de 11 horas, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la modificación de la Ley de Glaciares. El oficialismo celebró la norma como una herramienta para impulsar inversiones, mientras la oposición y organizaciones ambientalistas anticiparon una fuerte batalla judicial.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley de Glaciares
La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley de Glaciares

La Cámara de Diputados convirtió en ley este 8 de abril la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa fue aprobada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, en una votación que expuso una fuerte fractura política y ambiental.

La reforma redefine los criterios de protección de glaciares y áreas periglaciales, y otorga a las provincias un rol más decisivo para establecer, mediante estudios técnicos propios, qué zonas deben quedar resguardadas y cuáles podrán habilitarse para actividades productivas, entre ellas la minería. Para el oficialismo, se trata de una actualización que “aclara conceptos” y busca compatibilizar protección ambiental con desarrollo económico.

El respaldo al proyecto llegó desde La Libertad Avanza, el PRO, gran parte de la UCR y bloques provinciales. También sumó apoyos puntuales por fuera del oficialismo, incluidos dos diputados de Unión por la Patria por San Juan. Entre los legisladores de San Luis, votaron a favor Carlos Almena, Mónica Becerra y Claudio Álvarez; en contra lo hicieron Jorge Fernández y Ernesto “Pipi” Alí.

Del otro lado, la oposición denunció que la nueva ley flexibiliza la protección de reservas estratégicas de agua y deja a las provincias bajo una presión política y económica muy fuerte frente al avance de proyectos extractivos. Organizaciones ambientalistas cuestionaron la reforma por considerarla regresiva y anticiparon presentaciones judiciales para discutir su constitucionalidad.

La sanción marca una de las victorias legislativas más sensibles del Gobierno en materia productiva y ambiental. Pero lejos de cerrar la discusión, abre una nueva etapa de conflicto político, social y judicial en torno a una norma que toca uno de los puntos más delicados de la agenda argentina: el equilibrio entre explotación minera, autonomía provincial y protección de las fuentes de agua en la cordillera