El RIPEE propone beneficios fiscales, empleo y financiamiento para invertir en San Luis

El gobernador Claudio Poggi presentó ante la Legislatura provincial el proyecto de ley que crea el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo, conocido como RIPEE, una iniciativa que busca incentivar inversiones privadas y ampliar la generación de trabajo en San Luis.

La propuesta se estructura sobre cuatro ejes centrales: beneficios tributarios, subsidios para la incorporación de trabajadores, gestión productiva de inmuebles fiscales y financiamiento de proyectos privados.

El régimen estará destinado a actividades agropecuarias, apícolas, frutihortícolas, mineras, industriales, de la construcción, energéticas, logísticas, comerciales, turísticas, culturales, tecnológicas y de servicios, además de otros emprendimientos que se desarrollen o proyecten en la provincia.

Exenciones impositivas por hasta 15 años

Uno de los principales instrumentos será el Programa de Fomento a las Nuevas Inversiones. Los proyectos aprobados podrán acceder a exenciones sobre los impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotores.

El beneficio se aplicará de manera escalonada. Durante los primeros cinco años, la exención será del 100%; entre el sexto y el décimo año alcanzará el 75%, y desde el año 11 hasta el 15 será del 50%.

En el caso de Ingresos Brutos, el beneficio alcanzará únicamente a los ingresos generados por la nueva inversión. Para los impuestos Inmobiliario y Automotor, comprenderá los bienes directamente afectados al proyecto.

La iniciativa también prevé la exención del Impuesto de Sellos y de tasas administrativas para contratos, trámites e instrumentos vinculados con las inversiones autorizadas.

Además, los beneficiarios podrán quedar excluidos durante un año de los regímenes de retención, percepción y recaudación de Ingresos Brutos. Ese plazo podrá ser prorrogado por la autoridad de aplicación.

Créditos fiscales y alivio para empresas

El proyecto crea también un Programa de Incentivos Fiscales para inversiones equivalentes, como mínimo, al doble de los impuestos provinciales devengados por la empresa durante los doce meses anteriores.

Quienes ingresen al programa podrán obtener un crédito fiscal equivalente al 50% de los impuestos provinciales que deban pagar durante el año siguiente a la aprobación de la iniciativa.

Ese crédito será nominativo e intransferible y solo podrá utilizarse para cancelar obligaciones tributarias provinciales del beneficiario.

La propuesta incorpora además mecanismos para transformar saldos a favor en créditos fiscales transferibles o convertirlos en nuevas inversiones.

También establece un régimen de bloqueo fiscal por cinco años para contribuyentes de Ingresos Brutos y planes de regularización de deudas provinciales.

Las obligaciones podrán cancelarse al contado, con una reducción del 10%, o mediante planes de tres, doce, veinticuatro y treinta y seis cuotas, de acuerdo con las condiciones que determine la reglamentación.

Un régimen especial para la industria

El RIPEE contempla una exención específica de Ingresos Brutos para las actividades industriales desarrolladas en San Luis.

El beneficio alcanzará a lo efectivamente producido en la provincia, con excepción de las operaciones consideradas ventas minoristas por la Ley Impositiva Anual.

Para ingresar al régimen, las empresas deberán presentar un proyecto de inversión. En el caso de firmas ya instaladas, la autoridad de aplicación podrá reconocer inversiones realizadas antes de la sanción de la norma.

La continuidad de la exención estará sujeta al cumplimiento de compromisos anuales vinculados con el empleo, la inversión, los niveles de producción y la generación de actividad económica.

Subsidios para generar empleo formal

Otro de los capítulos del proyecto apunta a incentivar la incorporación al empleo registrado de beneficiarios del Régimen de Inclusión Social.

Las empresas que contraten formalmente a personas comprendidas en ese programa podrán acceder a un aporte económico equivalente al beneficio social que recibían al momento de ingresar a la empresa.

Durante el primer año, el subsidio podrá cubrir hasta el 100% de ese monto. En el segundo año será decreciente: hasta el 75% durante el primer semestre y hasta el 50% durante el segundo.

Mientras dure la relación laboral, el trabajador dejará de percibir el beneficio social. Finalizado el período subsidiado, el empleador deberá asumir la totalidad del costo laboral.

En caso de desvinculación, la persona podrá reincorporarse al Régimen de Inclusión Social y la empresa estará habilitada a solicitar su reemplazo por otro beneficiario.

Inmuebles fiscales para proyectos productivos

La iniciativa autoriza al Poder Ejecutivo a destinar inmuebles del dominio privado del Estado provincial a inversiones y actividades económicas vinculadas con el desarrollo y la creación de empleo.

El Gobierno podrá revisar ocupaciones precarias, permisos de uso y tenencias no consolidadas para determinar si los proyectos comprometidos fueron ejecutados y qué impacto económico generaron.

En función de la inversión, el empleo creado y los resultados alcanzados, el Ejecutivo podrá regularizar la situación, otorgar el inmueble bajo alguna modalidad prevista o revocar los derechos existentes.

Las alternativas incluirán concesiones de uso, alquileres, comodatos, derechos reales de superficie, ventas y otros instrumentos jurídicos compatibles con el régimen.

También se habilitará la venta de inmuebles fiscales mediante licitación, subasta, iniciativa privada o concurso de proyectos. La venta directa quedará reservada para situaciones de urgencia, interés público o razones económicas y sociales debidamente justificadas.

Los recursos obtenidos deberán destinarse a infraestructura productiva o social, fondos de garantía y programas de financiamiento para el sector privado. La ley prohibirá utilizar ese dinero para cubrir gastos corrientes del Estado.

Créditos, garantías y bonificación de tasas

El cuarto eje del RIPEE está orientado al financiamiento de proyectos privados.

El Ejecutivo podrá crear líneas de crédito de fomento, bonificar tasas, establecer períodos de gracia, facilitar procesos de reconversión empresarial y subsidiar programas de capacitación laboral.

También quedará facultado para constituir o participar en fondos de garantía, fideicomisos, fondos de respaldo crediticio y otros instrumentos financieros públicos, privados o mixtos.

El proyecto autoriza además las adecuaciones presupuestarias necesarias para poner en funcionamiento esas herramientas y contempla beneficios tributarios para las estructuras financieras que se constituyan.

Con este esquema, el Gobierno provincial busca concentrar en una sola normativa las políticas de incentivo tributario, empleo, acceso a tierras fiscales y financiamiento. La iniciativa deberá ahora ser analizada por ambas cámaras de la Legislatura antes de convertirse en ley.