Milei acelera el plan para privatizar cinco empresas públicas antes de 2027

El Gobierno de Javier Milei acelera su plan para reducir la participación del Estado en empresas públicas y apunta a concretar al menos cinco privatizaciones antes del primer semestre de 2027, según información reconstruida por Noticias Argentinas y publicada por MDZ.

La estrategia es coordinada por el Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y las autoridades de cada compañía. El objetivo oficial es profundizar el proceso de reducción del peso del Estado en la economía y transferir al sector privado la operación de activos considerados estratégicos.

La principal apuesta es AySA, la empresa encargada del servicio de agua potable y saneamiento en el área metropolitana. El Gobierno prevé licitar el 90% de su paquete accionario el próximo 15 de septiembre, en un proceso sin precio base.

Aunque no habrá un valor mínimo fijado para la oferta, existe una valuación elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior que funcionará como referencia. Entre los posibles interesados aparecen empresarios y grupos con participación en el sector energético y de infraestructura, entre ellos Mauricio Filiberti y el Grupo Roggio.

Otro de los procesos centrales es el de Belgrano Cargas. El Gobierno ya lanzó la licitación para concesionar las vías ferroviarias y proyecta una operación a largo plazo, con una concesión de hasta 50 años y una inversión estimada en alrededor de US$1.000 millones.

El esquema contempla además el remate del material rodante y la utilización de esos recursos para financiar obras sobre la infraestructura ferroviaria. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre, mientras que el proceso incluye las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La lista también incluye a Intercargo, la empresa estatal que brinda servicios de rampa y asistencia en tierra en los aeropuertos. El Gobierno trabaja en un segundo llamado a licitación, que podría concretarse antes de finalizar 2026, aunque todavía resta definir la modalidad definitiva.

En el sector energético, la mira está puesta sobre ENARSA. La hoja de ruta oficial contempla avanzar durante este año con la licitación de las centrales termoeléctricas Belgrano y San Martín, mientras que para el primer trimestre de 2027 está prevista una convocatoria vinculada con la Central Vuelta de Obligado.

La estrategia incluye además los gasoductos que permanecen bajo la órbita de ENARSA, considerados otro de los activos relevantes dentro del proceso de reorganización de las empresas estatales.

El plan se inscribe en una política más amplia que comenzó con la aprobación de la Ley Bases, que habilitó distintos mecanismos para avanzar con privatizaciones y concesiones. Desde entonces, el Gobierno fue definiendo empresa por empresa el mecanismo para reducir o eliminar la participación estatal.

En el caso ferroviario, por ejemplo, el Ejecutivo ya había definido que las vías y los terrenos continuarán siendo propiedad del Estado, mientras que la operación y el mantenimiento quedarán en manos privadas bajo un esquema de concesión.

La ofensiva privatizadora también alcanza al sector energético. En agosto de 2025, el Gobierno había dispuesto la venta de las acciones estatales de las hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila mediante concursos públicos nacionales e internacionales.

El calendario elegido por la Casa Rosada tiene además una dimensión política. El objetivo es que una parte importante de las operaciones quede encaminada o concretada antes de que comience la campaña presidencial de 2027, cuando las decisiones sobre el rol del Estado volverán a ocupar un lugar central en la discusión electoral.

La apuesta de Milei es que la transferencia de empresas y servicios al sector privado permita reducir la carga fiscal, atraer inversiones y mejorar la eficiencia operativa. El desafío estará en determinar si las privatizaciones logran esos objetivos y, al mismo tiempo, garantizan inversiones y prestación adecuada en servicios considerados esenciales.

Con AySA como primera gran prueba y el sector ferroviario y energético como próximos frentes, el Gobierno prepara así una nueva etapa de su programa de transformación del Estado. El resultado de las licitaciones será determinante para saber hasta dónde llegará el proceso de privatizaciones antes de las elecciones presidenciales de 2027.