Justicia
Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias y las embargaron por $500.000 millones
La causa por el fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó a dos exfuncionarias que estuvieron al frente de los principales organismos encargados de controlar los medicamentos en la Argentina.
La decisión alcanzó a Nélida Agustina Bisio, exadministradora nacional de la ANMAT, y a Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
El magistrado las consideró, en esta etapa de la investigación, partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales y dispuso un embargo de $500.000 millones para cada una. El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva.
También se mantuvieron la inhibición general de bienes y la prohibición de salir del país que ya pesaba sobre ambas.
La investigación está vinculada con el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, cuyo uso quedó asociado hasta el momento con la muerte de al menos 90 personas. La resolución también menciona pacientes que sufrieron lesiones de distinta gravedad.
Las omisiones que señala el juez
Uno de los puntos centrales del fallo, de casi 300 páginas, está relacionado con la forma en que actuaron los organismos de control frente a las irregularidades detectadas en los laboratorios.
En el caso de Bisio, Kreplak sostuvo que existió un apartamiento de los criterios técnicos y de los procedimientos administrativos que debían aplicarse desde la ANMAT.
La resolución pone el foco, entre otros episodios, en una reunión realizada el 14 de enero de 2025 con representantes de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo en la sede del organismo.
Según reconstruyó la Justicia, de aquel encuentro con empresas que estaban siendo sometidas a controles por irregularidades no quedó un registro oficial.
El juez también cuestionó que no se hubiera avanzado oportunamente con una carta de advertencia contra HLB Pharma. Ese instrumento, según sostuvo, contenía una prohibición expresa para comercializar medicamentos.
Para Kreplak, esas situaciones reflejaron un ejercicio insuficiente de las facultades de control sanitario que correspondían a la máxima autoridad de la ANMAT.
El rol de la exdirectora del INAME
La resolución fue igualmente crítica con la actuación de Mantecón Fumadó.
El magistrado señaló demoras en procedimientos que debían activarse frente a las irregularidades detectadas en Laboratorios Ramallo y cuestionó la incorporación de reuniones y mecanismos que no estaban contemplados dentro de los procedimientos reglados.
Uno de los episodios señalados por el juez fue la demora durante más de cuatro meses de un proyecto de carta de advertencia dirigido contra HLB Pharma, sin que durante ese período se registraran avances en el expediente correspondiente.
Para la investigación, Mantecón Fumadó conocía que las irregularidades encontradas en Laboratorios Ramallo no estaban restringidas a sectores específicos de la planta, sino que podían afectar otros procesos de producción.
El fallo analiza así no solamente cómo se produjo y distribuyó el medicamento contaminado, sino también qué ocurrió en los organismos estatales que tenían la responsabilidad de fiscalizar a los laboratorios antes de que el producto llegara a los hospitales.
Habían estado detenidas
Bisio y Mantecón Fumadó habían sido detenidas a comienzos de agosto y posteriormente recuperaron la libertad bajo cauciones de $75 millones cada una.
Ahora continuarán en libertad mientras avanza la causa, aunque sujetas a una serie de restricciones. Entre ellas, no podrán salir del país y deberán cumplir las condiciones establecidas por el juzgado.
El procesamiento profundiza una línea de investigación que busca determinar hasta dónde llegaron las responsabilidades empresariales y estatales alrededor de una de las mayores tragedias sanitarias investigadas en los últimos años.
El expediente ya no está concentrado únicamente en las condiciones en las que HLB Pharma y Laboratorios Ramallo produjeron el fentanilo. Con las nuevas resoluciones, la Justicia puso también bajo la lupa las demoras, decisiones y omisiones de quienes tenían la obligación de controlar que esos medicamentos fueran seguros antes de llegar a los pacientes.
