Milei dio marcha atrás con la Ley de Tierras para evitar que la oposición derogue el DNU 70

Entre sus principales disposiciones, fija que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de la superficie rural del país, con límites equivalentes para cada provincia y departamento.

Además, establece que las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% del cupo autorizado para extranjeros.

En la zona núcleo agrícola, la legislación contempla un límite general de 1.000 hectáreas por titular extranjero, con criterios de equivalencia para otras regiones.

La norma también contiene restricciones vinculadas con tierras que incluyen cuerpos de agua relevantes y propiedades ubicadas en determinadas zonas de seguridad de frontera.

Estas disposiciones habían sido derogadas por el artículo 154 del DNU 70/2023, firmado por Milei en diciembre de ese año.

El acuerdo incorpora dos artículos para dejar sin efecto la derogación

Durante el plenario de comisiones, el diputado radical Diógenes González presentó la propuesta de incorporar un nuevo capítulo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El texto consensuado incluye dos artículos:

• Artículo 38: deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras.

• Artículo 39: restituye expresamente la plena vigencia de la Ley 26.737 y sus modificatorias.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, recibió el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la UCR.

La incorporación de estos cambios representa una modificación de la postura original del oficialismo, que había promovido la eliminación de las restricciones para facilitar inversiones extranjeras en tierras rurales.

La Corte Suprema ya había suspendido la derogación

El cambio de posición del Gobierno también se produjo después de una intervención de la Corte Suprema de Justicia.

El viernes 9 de octubre, el máximo tribunal dispuso suspender provisionalmente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 mediante una medida cautelar.

La decisión permitió restablecer temporalmente los límites establecidos por la Ley de Tierras mientras continúa el proceso judicial.

Sin embargo, la resolución de la Corte no constituye una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación, sino una medida preventiva hasta que se resuelvan cuestiones pendientes en la causa.

Con el nuevo acuerdo parlamentario, el oficialismo busca que la restitución de la norma quede establecida por ley y no dependa únicamente de una decisión judicial provisoria.

El objetivo político es evitar la caída del DNU 70

La negociación tiene una importancia que excede la regulación de las tierras rurales.

El DNU 70/2023 introdujo modificaciones en numerosos sectores de la economía, entre ellos el comercio, el transporte, el mercado inmobiliario y los servicios de salud.

La oposición convocó a una sesión para este jueves 15 de octubre con el objetivo de avanzar en su rechazo.

Frente a ese escenario, el oficialismo buscó un acuerdo con legisladores que estaban dispuestos a defender las restricciones a la extranjerización de tierras, pero que no acompañaban la derogación completa del decreto presidencial.

La restitución de la Ley de Tierras aparece así como una concesión destinada a sostener el resto de las reformas incluidas en el DNU.

Desde Unión por la Patria cuestionaron el cambio de postura y señalaron que el Gobierno terminó aceptando una norma que había eliminado al comienzo de su gestión.

La diputada Paula Penacca criticó la decisión y sostuvo que el oficialismo recurrió a un proyecto que ya contaba con media sanción del Senado para evitar el avance de la oposición.

El bloque peronista presentó un dictamen de rechazo, mientras que Provincias Unidas y la Coalición Cívica impulsaron otro despacho de minoría.

Cuándo se tratará el proyecto en Diputados

El oficialismo prevé llevar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada al recinto de la Cámara de Diputados el próximo 21 de octubre.

Además de la restitución de la Ley de Tierras, la iniciativa contempla cambios en los procedimientos de expropiación, la restitución de inmuebles ocupados y determinadas condiciones vinculadas con los desalojos.

Como Diputados incorporó modificaciones al texto que había aprobado el Senado, si la Cámara baja lo sanciona, el proyecto deberá regresar a la Cámara alta para su revisión definitiva.

Por lo tanto, el dictamen obtenido este miércoles todavía no significa que la nueva ley haya sido sancionada.

La decisión deja planteado un escenario político particular: el Gobierno que había derogado las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros ahora impulsa su restitución legislativa, mientras intenta conservar el conjunto de reformas económicas establecidas mediante el DNU 70/2023.