El Gobierno intimó a la UTA y a La Fraternidad por la conciliación obligatoria

En la antesala del paro general convocado por la CGT para este jueves, el Gobierno nacional intimó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad a no adherir a la protesta, al sostener que ambos sindicatos se encuentran alcanzados por una conciliación obligatoria vigente en el marco de sus conflictos salariales.

La advertencia fue emitida por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, a través de un comunicado en el que instó a los gremios a “abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa” mientras se tramite el procedimiento formal. Según la cartera, una adhesión al paro configuraría una “violación” de las normas que rigen la conciliación laboral obligatoria.

En ese sentido, el Gobierno remarcó que “la adopción de cualquier medida de fuerza” durante la vigencia de la conciliación implicaría un incumplimiento de la instancia dispuesta para encauzar la discusión salarial y evitar la interrupción de servicios esenciales para la movilidad diaria de millones de personas.

El planteo oficial se apoya en antecedentes recientes: en una huelga nacional anterior, la UTA había evitado plegarse bajo el mismo argumento, al encontrarse entonces bajo conciliación obligatoria por un conflicto paritario. Esta vez, el escenario es distinto. El sindicato de los colectiveros confirmó que participará de la medida de fuerza convocada por la central obrera.

En un comunicado, la UTA justificó su decisión al señalar que se suma “en defensa de los derechos laborales” y cuestionó la iniciativa oficial de reforma laboral. La definición anticipa un choque con el Ejecutivo en un punto sensible: el impacto del paro sobre el funcionamiento del transporte público urbano y los servicios ferroviarios.

Con este cruce, la jornada del jueves queda atravesada por una doble tensión: la pulseada sindical en torno a la reforma laboral y la discusión jurídica sobre el alcance de la conciliación obligatoria. En las próximas horas, el foco estará puesto en si el Gobierno avanza con medidas administrativas o sanciones ante una eventual adhesión y en cómo se garantiza —o no— la prestación mínima de los servicios de transporte.