Las amenazas en escuelas de San Luis ya activaron causas y un operativo preventivo

La ola de amenazas en establecimientos educativos de San Luis dejó de ser leída como una travesura adolescente y pasó a convertirse en un problema judicial y de seguridad. Con alrededor de 20 denuncias ya registradas, la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 6, junto con la Fiscalía de Género N° 1, avanzan en distintas investigaciones por mensajes intimidatorios detectados en colegios de la capital provincial.

La fiscal Linda Maluf Martínez advirtió que este tipo de hechos puede derivar en imputaciones penales para los estudiantes involucrados. Según explicó, las conductas bajo análisis pueden encuadrar en delitos previstos en el Código Penal, como amenazas e intimidación pública, una figura que contempla penas de entre dos y seis años de prisión cuando se genera temor generalizado o se altera el orden mediante mensajes de alarma.

La funcionaria remarcó que las consecuencias no alcanzan solo a quienes escriben o difunden las amenazas. También señaló que los padres o tutores pueden responder por los daños ocasionados por estas acciones, en un contexto que obligó a reforzar el llamado de atención a las familias para que dialoguen con sus hijos sobre la gravedad de este tipo de episodios.

De acuerdo con la información oficial, muchas de las amenazas aparecieron escritas en baños de distintas instituciones, mientras que otras fueron difundidas a través de redes sociales. La investigación, además, sigue pistas que vinculan algunos casos con plataformas como TikTok, aunque la identificación de los autores se vuelve compleja por el anonimato que ofrecen los entornos digitales. Aun así, en algunos expedientes la Fiscalía ya tendría acotados grupos de posibles responsables.

Frente a este escenario, el Estado dispuso consignas policiales preventivas en los colegios alcanzados por las amenazas. La medida continuará al menos durante la próxima semana, especialmente porque algunos mensajes fijaron fechas concretas para los días 20 y 22 de abril. La decisión busca llevar tranquilidad a la comunidad educativa mientras siguen las tareas investigativas.

Desde el Ministerio Público Fiscal insistieron en que no se trata de episodios aislados ni de bromas sin consecuencias. En el comunicado difundido esta semana, la Justicia sostuvo que aplicará el rigor de la ley y que este tipo de intimidaciones exige un abordaje articulado con los ministerios de Educación y Seguridad para resguardar a docentes, alumnos y familias.

La preocupación en San Luis creció, además, porque la provincia aparece entre las más afectadas por esta modalidad en los últimos días. En ese marco, la advertencia judicial apunta a cortar de raíz una conducta que ya generó temor social, alteró la rutina escolar y obligó a desplegar recursos públicos en gran escala. Lo que está en juego ya no es solo la disciplina dentro de las aulas, sino la capacidad del sistema para frenar a tiempo una amenaza que dejó de ser simbólica.